En primer lugar, hacer una corrección de fecha. En el artículo del martes pasado, cuando se dice que "las obras del puerto se adjudican el 27 de enero de 1870 y comienzan ese mismo año", debería de decirse "que se adjudican el 27 de enero de 1860 y se comienzan a ejecutar ese mismo año". Reiteramos, por tanto, que el año de adjudicación y de inicio de las obras del puerto y ría de Avilés es el de 1860. Subsanado ese error continuamos con el relato.
Para la realización de las obras el Ayuntamiento de Avilés se compromete por escrito a pagar el importe de 40.000 pesetas anuales durante diez años, es decir, un total máximo de 400.000 pesetas. Para afrontar el pago el Ayuntamiento dispondría, por un lado, de los ingresos derivados de los dobles derechos de fondeadero, carga y descarga, de los que esperaba sacar unas 10.000 pesetas anuales, es decir un total de 100.000 pesetas.
Por otro lado, la promesa de la Real Compañía de contribuir, con una aportación de otras 10.000 pesetas anuales, durante igual período de tiempo. El documento de compromiso lo firma el Director General don Julio Hauzzer, el 16 de noviembre de 1859. No es de extrañar, puesto que la empresa, que disponía de un embarcadero en San Juan de Nieva, resultaba muy beneficiada con las obras. La contribución comprometida por Arnao reportaría otras 100.000 pesetas más, a lo largo de los diez años.
Estos dos ingresos suponían la mitad del compromiso de financiación al que Avilés se obligaba. Las otras 200.000 pesetas, se pagarían con cargo a los propios ingresos del Municipio, garantizados en todo caso, por los mayores contribuyentes.
Sin embargo, las cosas no saldrían como la Corporación de 1859 había pensado. Los ingresos del puerto no vienen a la ciudad, pues los cobra directamente el Estado y cubren, aproximadamente, la mitad de lo presupuestado. Avilés no es tenido en cuenta para nada, en la realización de las obras y, la actitud de la Real Compañía Asturiana de Minas, que se niega a pagar lo comprometido, según expresa en cartas de 21 de octubre de 1861 y 19 de noviembre de 1866, ponen a la ciudad del Adelantado en una difícil tesitura, al cumplirse los diez años de su compromiso de cofinanciación.
Las notificaciones del Estado empiezan a llegar a partir de 1870, reclamando el pago de la deuda adquirida por las obras del puerto. Van a ser las circunstancias políticas, con la caída de la Monarquía de Amadeo de Saboya y el advenimiento de la Primera República, y también la hábil y oportuna actuación del diputado avilesino Julián García San Miguel, las que salven a Avilés. El II Marqués de Teverga, hace una proposición de ley a la Asamblea Nacional, que es aprobada el 7 de marzo de 1873, por la que se exime a la ciudad, no solo del pago comprometido, que asume el Estado, sino también del que pudiera producirse en el futuro, al declarar las obras de "interés general".
La ciudad salió bien parada gracias a la gestión del II Marqués de Teverga. Castrillón estaba, como es natural, ajeno por completo a los problemas de la ría y del puerto. Era un municipio rural, nacido en 1835, y la ría y la actividad portuaria, desde siempre, era un tema de Avilés. Pero también a los belgas de Arnao les vino muy bien la operación ya que, gracias a ella, les salió gratis su traición al compromiso de cofinanciación adquirido con la villa avilesina.
Pero la Real Compañía, además de no aportar un duro para la mejora de la ría, se beneficiará, también gratuitamente, de otra actuación sustancial para el puerto, promovida desde Avilés. Me estoy refiriendo a la construcción del Faro. Tanto para conseguir la aquiescencia del Estado para las obras de adecuación de la ría y el puerto, como para que se construyese el Faro de Avilés, o de San Juan, tuvo una decisiva intervención otro avilesino de pro: Don Estanislao Suárez Inclán. Ya habíamos hecho referencia con anterioridad a sus importantes gestiones, pero procede hoy traerlas a colación, pues estamos en el contexto en que la intervención del avilesino tiene lugar.
Habíamos visto como el 12 de mayo de 1857, tras la insistencia de Avilés, la Dirección General de Obras Públicas ordena al ingeniero Pedro Pérez de la Sala la elaboración del Proyecto de Mejora de la Ría de Avilés. En 1858 el proyecto estaba hecho. Pues bien, en agosto de ese año visita Avilés la reina Isabel II, acompañada de su esposo Francisco de Asís, el Príncipe de Asturias y la Infanta Isabel. Acompañaba a la Reina el Presidente del Gobierno, señor O'Donnell y un numeroso séquito de personalidades. Fue en ese viaje cuando la Reina visitó la Mina de Arnao.
Durante su estancia en Avilés, el alcalde Hermenegildo Suárez Solís, presenta a la comitiva real dos proyectos: El primero, el redactado por Pérez de la Sala para la ría; el segundo, la construcción de un faro, para que los buques pudiesen navegar de forma segura por la costa y entrar sin peligro en el puerto. En este viaje, se habla de las condiciones de financiación de las obras, y es cuando la Real Compañía se compromete verbalmente a la aportación a la que hemos aludido. Compromiso que ratificará, mediante el escrito ya mencionado, de noviembre de 1859. Inmediatamente, el Gobierno publica en la Gaceta la aprobación de los proyectos y la subasta de las obras, que se adjudicarán en enero de 1860. Las obras del Faro se iniciarán en 1861 y, aunque en un principio se había pensado situarlo en la Punta de la Horcada, para señalar el fondeadero de la Bogariza, al final se decide situarlo en la punta del Castillo, en el lugar en donde había estado situada la fortaleza denominada Castillo de San Juan, que defendía la entrada de nuestro puerto. El motivo del cambio fue la comprobación de que, en el primer emplazamiento, estaba muy expuesto a los temporales. El faro de Avilés o de San Juan, que está situado en terrenos del municipio de Gozón, según el deslinde y las capitulaciones realizadas por este motivo en 1605 entre los dos concejos, empezó a prestar servicio en 1863.
La asunción por parte del Estado de los costos de las obras del puerto, por entender que eran de interés general, viene a complementarse con la ley de Puertos de 1880. En la misma, el de Avilés es declarado como "puerto de interés general de segundo orden". Estas decisiones del Estado, no solo sirvieron para exonerar a Avilés de la deuda que había contraído con las obras del puerto, sino que tuvieron además otras consecuencias.
La pérdida del monopolio que Avilés había ejercido hasta ese momento sobre la gestión portuaria fue una de ellas. Ello implicará que el Estado asume en exclusiva a partir de ese momento no solo las obras portuarias sino también el cobro de los derechos de fondeadero, carga y descarga. También se promulga una disposición en 1871 que deroga lo establecido en la Real Orden de 1835, a la que ya hicimos alusión, y por la que el Ayuntamiento podía realizar concesiones para adjudicar terrenos de marisma en el estuario, para su desecación y explotación. Esta competencia pasa desde entonces al Estado.
En 1884, se iniciarán las obras de otro importante proyecto para el desarrollo industrial de la comarca. Con el objetivo es facilitar la salida del carbón de las minas asturianas, y de potenciar la implantación de industrias en la zona, van a comenzar, en ese año, las obras de construcción de la dársena de San Juan de Nieva, cuyos primeros muelles entrarán en servicio en 1893. Las obras no se concluirán hasta mediados del año 1900.
A la vista de esta importante obra, la Real Compañía toma posiciones y ofrece al Estado, en 1890, la cesión del muelle que tiene en la bocana, el "Muelle de los Belgas", a cambio de obtener en propiedad un cantil de 200 metros de longitud en la nueva dársena que se estaba construyendo. Hablaremos más detenidamente de esta cuestión que ocasionó un largo conflicto jurídico que duró hasta bien entrado el siglo XX.
Paralelamente, se lleva a cabo otro importante proyecto complementario, la extensión de la vía férrea desde Villabona hasta Avilés. En realidad, desde Villabona hasta la dársena de San Juan de Nieva, con parada en Avilés. La fecha emblemática de inauguración de ésta vía férrea, es el 6 de julio de 1890. En la consecución de ese proyecto de hacer llegar el ferrocarril hasta Avilés, don Julián García San Miguel y Zaldúa, II Marqués de Teverga, volvió a tener un gran protagonismo.
Estas dos importantes obras, la dársena de San Juan y la llegada del ferrocarril a la misma, exigirán previamente hacer una tercera, que también tiene lugar por esas fechas, el encauzamiento y modificación del cauce de desembocadura del río Raíces o de las Guardadas. Este río perderá esas "ondulaciones que la naturaleza le ha dado", que reflejaba el deslinde de 1883 para su desembocadura en la zona de la dársena, y pasará a desaguar en la ría por un cauce artificial recto, más al sur, en el lugar en el que ahora lo conocemos. Este cambio en el cauce también será motivo de conflicto.
Ya tenemos casi todas las piezas del puzle encima de la mesa: obras de canalización de la ría y modernización del puerto a partir de 1860; primer deslinde entre Avilés y Castrillón en 1883; comienzo de las obras de la dársena en 1884; Desvío del cauce en la desembocadura del río Raíces o de las Guardadas; segundo deslinde en 1889; llegada del ferrocarril hasta San Juan en 1890; apropiación de nuevos terrenos limítrofes al Espartal en San Juan por parte de la Real Compañía; primeros muelles de la Dársena en servicio en 1893 y comienzo de los conflictos jurídicos entre los dos municipios por la delimitación de sus territorios.
Es curioso, pero los conflictos por el deslinde con Castrillón, solo se refieren al lugar en el que los belgas tienen concentrado todo su interés: San Juan de Nieva. Con el control de la dársena, de la terminal del ferrocarril y del playón de Raíces como trasfondo.
Así sucedió, así se lo he contado a ustedes, y así queda anotado en mi Diario de a Bordo. Pero la historia continúa...
