Comienza un nuevo curso escolar, en el que su primer día debería considerarse como el más justo de la historia. Todos nuestros jóvenes van a la escuela sin distinción de raza, género o estrato social. Sin duda es un día de entusiasmo, de alegría por los alumnos que retornan a las aulas tras el periodo estival. Menos alegría, sin embargo, para las familias que deben abordar unos gastos extra que ahogan una ya difícil situación económica: ropa, calzado y, cómo no, libros de texto forzados por una ley absurda e inútil que nace muerta. Su existencia será historia tras este curso pero que por falta de coraje y exceso de declaraciones ha de aplicarse bajo el martillo de la imposición legal de rango superior.
Por una parte, nos encontramos con un profesorado indignado y maltratado por la mayor parte de sus representantes institucionales, que comienza el curso con despedidos de aquellos que debieran realizar y evaluar los exámenes de septiembre. El profesorado es uno de los pilares fundamentales de un Estado que quiera llamarse democrático, pues es el encargado de formar a los ciudadanos.
La crisis económica, una política educativa recortada y la situación del personal educativo está creando el caldo de cultivo para generaciones excluidas socialmente.
Por otra parte, en un curso que ya se muestra conflictivo sin haberse aún iniciado, he presentado mi dimisión -por incompatibilidad de responsabilidades- al frente de COAPA. Dimisión que ni merma, ni diluye la lucha y el trabajo de la organización, y que tampoco me alejará de apoyar cuantas acciones emprendan para la defensa de una sociedad justa y democrática.
Desde COAPA y con el conjunto de las asociaciones de madres y padres de alumnos ("ampas"), el Movimiento Social por la Escuela Pública y las organizaciones progresistas que recogen en sus programas las mismas aspiraciones, defendemos una escuela pública, universal, de calidad, laica, inclusiva y gratuita y que está recogida en la declaración de los derechos humanos de 1948 y 30 años después, nuestra Constitución.
Queremos para nuestros hijos e hijas escuelas en las que primen la coeducación, la participación, la integración, la democracia, la investigación, la solidaridad, la igualdad, la innovación y el uso de metodologías pedagógicas activas, en las que se trate a los y las menores como protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues son futuros ciudadanos. La formación de ciudadanos educados en dichos valores es la apuesta de la construcción de una sociedad que los tome como base de la misma.
Desde las Asociaciones de Madres y Padres de Centros Públicos consideramos fundamental la participación de las familias, buscamos el respeto mutuo entre quienes componen las comunidades educativas, reconociendo las diferencias y garantizando la igualdad de oportunidades. Único camino para conseguir su consolidación.
No se trata, pues, de otra cosa que la continuación de las luchas desde los años setenta, que ha tenido avances significativos en cuanto a calidad, atención, ratios y centros dignos, seguimientos y control. Logros y derechos que no llegaron de la mano de quienes nos gobiernan, aunque en este camino hemos encontrado excelentes aliados.
Se abre un nuevo ciclo que exige seguir luchando no ya para conseguir mejoras, si no para defender lo conquistado. Desterrar la lacra que supone la pobreza infantil de los centros que no generaron los ciudadanos, sino el sistema económico y social vigente. Por otro no podemos olvidar la reivindicación de que las escuelas de 0 a 3 sean integradas en la red pública.
Es necesaria la articulación conjunta de la ciudadanía para hacer la lucha más enérgica y eficaz para defender y mejorar nuestra educación. Las ampas de los centros educativos, la Federación y la Confederación de Padres y Madres son el instrumento para defender lo mejor que tenemos: nuestras hijas e hijos, que son la única garantía de futuro.
Hagamos uso de nuestros derechos, sumando, reivindicando la escuela pública que demandamos.
