Al sur de la plaza del Humedal hay tres edificios que son fruto de la labor épica desarrollada por el doctor Avelino González a lo largo de su vida. Dos de ellos son la Gota de Leche y la Casa Rosada, nombre con el que se conoce popularmente desde hace décadas a las sedes del Instituto de Puericultura y del Hogar Materno Infantil. Para quien tenga más interés al respecto, la detallada monografía La Gota de Leche y la Escuela de Enfermeras de Carmen Chamizo -disponible en la red de bibliotecas públicas- da buena cuenta de la que fue una de las iniciativas más positivas realizadas en la ciudad durante el pasado siglo.
En la financiación de esta hazaña, gestionada desde la Junta Local de Protección de Menores, participaron gijonesas y gijoneses durante décadas ya que las obras promovidas por esta Entidad se costeaban gracias a la venta de la rifa Pro-Infancia y a una tasa del 5% aplicada a la recaudación de todos los espectáculos públicos realizados en Gijón.
Aunque estos edificios hayan perdido hoy en día su función original, siguen siendo patrimonio común en consonancia con su origen y siguen siendo útiles a la ciudad.
Hablábamos al principio de tres inmuebles. El tercero corresponde al que desde 1979 hasta 2013 fue el Palacio de Justicia de la calle Decano Prendes Pando. Su relación con los anteriores edificios citados está en que originalmente se proyectó como su complemento ya que fue concebido como albergue y clínica infantil para la asistencia de los niños más necesitados, que no eran pocos en una posguerra dominada por la miseria.
Con el mismo método como fuente principal de ingresos, la Junta fue capaz de adquirir los terrenos sobre los que se asienta el edificio a comienzos de la década de 1950, de abordar el proyecto técnico y de adjudicar las obras en la primavera de 1960 por importe de casi 14,5 millones de pesetas. Aunque su construcción quedó paralizada en el otoño de 1964, al haberse rebasado la cantidad presupuestada debido al rápido aumento de la inflación y de los salarios -que en esos años tuvieron un alza importante y cuyo pago la licitación contemplaba-, el dinero aportado por la ciudadanía sirvió para dejar el edificio levantado, sólo pendiente de su acondicionamiento interior y de su equipamiento.
Esa interrupción seguida de la variación del contexto de necesidad en que había surgido el proyecto hicieron que a comienzos de la década de 1970 el inmueble fuese cedido al Ministerio de Justicia, del que dependía entonces la Junta Local de Menores, finalizándose ya como sede judicial con fondos estatales. A comienzos de este siglo el Principado, al asumir las competencias en materia de Justicia, recibió la propiedad del inmueble y, tras la entrada en servicio del nuevo palacio de Justicia en 2013, pretende ahora su venta por una cantidad que inicialmente se estableció en unos 11 millones de euros.
Aunque el cálculo del valor del dinero a lo largo del tiempo no puede establecerse con total exactitud, sí podemos apuntar que aquellos 14,5 millones de pesetas pagados a comienzos de la década de 1960 equivaldrían hoy aproximadamente a unos 2,5 millones de euros.
A esto habría que sumar el valor que hoy tendría un solar de 1.700 m2 en el centro de Gijón con una edificabilidad de 10.000 m2, superficie construida del edificio actual. Si nos ponemos estupendos y aplicamos el valor manejado en la reciente subasta de los terrenos del "solarón" estamos hablando de 16 millones y si bajamos de las nubes e incluso ya racaneando lo dejamos en la mitad, hablamos de ocho millones de euros.
Si bien estos datos expuestos no son totalmente precisos sí está claro que, al menos el 90% del valor actual del edificio deriva de la aportaciones realizadas por varias generaciones de nuestros antepasados, una herencia que ahora se nos incauta.
Aunque el grueso de lo hasta aquí contado es de conocimiento público por ser parte de nuestro pasado reciente, parece que desde el Ayuntamiento no hay la menor voluntad de reivindicar los derechos históricos locales vinculados a este inmueble por lo que resulta inquietante el extraño papel que nuestros munícipes están jugando en este asunto.
En Gijón llevamos un lustro en el que las inversiones públicas en todos los ámbitos han brillado por su ausencia y a ello se suma esta pérdida silenciosa de parte de nuestro patrimonio con el añadido de que, de ser enajenado, ni tan siquiera es previsible que los beneficios obtenidos por su venta sean reinvertidos en el concejo. A ello hay que sumar la posibilidad de que sólo por hacer caja se acaben malvendiendo unas instalaciones de importante valor estratégico dada su ubicación, su buen estado y los múltiples usos futuros que este edificio puede prestar para albergar servicios municipales en el centro de la ciudad, donde no existe ni va a existir otro espacio similar disponible.
La oportunidad es única, la reclamación es lícita, pero parece que el reto mayor es salir de la parálisis que caracteriza a la vida municipal actual y que en este asunto, como en tantos otros, hace que podamos temernos lo peor.
