Recién empezado el año judicial, sobran los motivos para volver a reflexionar en estas páginas sobre nuestro siempre discutido sistema de justicia. Hemos hablado aquí de la eficacia de las leyes o de la importancia de los Tribunales para la defensa de los derechos de los ciudadanos, y hemos insistido -y aun seguiremos haciéndolo- en que la falta de dotación de medios al Ministerio de Justicia minimiza los derechos de los particulares.
Hoy es otra cuestión la que nos ocupa: la revisión de las noticias de carácter jurídico divulgadas en este más que estrenado septiembre, obliga a pensar en si verdaderamente somos conocedores de la vital importancia que tiene, para vivir en libertad, la formulación de una Justicia independiente tal y como está descrita en nuestra Constitución (mejorable sí, pero punto de partida más que válido). La mujer del César además de serlo, debe parecerlo; sencillamente porque, si no lo parece, quizá no sea la mejor versión de la mujer del César. Y en eso, precisamente, es en lo que repara uno estos días perdiéndose en las noticias de carácter jurídico que copan los medios de prensa. El tan divulgado "caso Juana Rivas", con el presidente del Gobierno y otras autoridades políticas posicionándose a favor de una persona que, obviando los recursos legales a su alcance, se toma la justicia por su mano ignorando las decisiones de unos Jueces cuya tutela pide, es un perfecto ejemplo de la importancia de la división de poderes y, por tanto, de la independencia judicial para obtener amparo legal, pues lo contrario, lo que podría parecer atendiendo a la actuación de nuestros dirigentes -de uno y otro color- es que la justicia será más comprensiva con el que haga más ruido, o llore más intensamente en la televisión.
Otro ejemplo es la ignorancia, por parte de los defensores del referéndum previsto para el 1 de octubre, del imperio de la ley, con independencia del carácter legítimo o no que cada quien otorgue al fondo de la cuestión. Su conducta pone en tela de juicio un valor tan crucial en una sociedad democrática como es la seguridad jurídica sin que, en los infinitos argumentos ofrecidos en contra y a favor, se aborde claramente la fundamentación jurídica de la cuestión, acudiendo a tintes políticos que tiñen de gris cualquier actuación judicial que se vaya a producir en estos días.
Por último, leemos en estas páginas que la Fiscal Jefe del área de Gijón, ha declarado públicamente, en relación a un conocido caso de la ciudad y la situación de preso preventivo del acusado, que -citamos- "las pruebas acreditan su participación", obviando la presunción de inocencia, piedra angular de todo estado de derecho, y el dato de que el enjuiciamiento, aun no se ha producido, y además, la acreditación de la participación o no en los hechos de que se trate, debe decidirla el Tribunal competente, sencillamente, porque así lo dispone la ley. Si ni siquiera los representantes de las instituciones públicas son capaces de asumir y ejemplificar la significación de los principios rectores del Estado de Derecho, para lo que nos gusta, y para lo que no, difícilmente podrá afianzarse en la ciudadanía el respeto y la defensa de los valores democráticos que tantos discursos copan.
