Lo exige la ley: cuando se produce un quebranto económico a las arcas públicas, las administraciones están obligadas a determinar si alguien es responsable de lo ocurrido y, en su caso, exigirle la reposición del dinero. Ocurre que los políticos que redactaron esa ley, muy cucos ellos, se cuidaron de permitir que la iniciativa para investigar esas pérdidas pudiera ser impulsada por la oposición o por la ciudadanía: sólo la puede ordenar la propia Administración, o, mejor dicho, el que administra, el gobierno de turno. Y, claro, cuando siguen mandando los mismos, no va el gobierno a investigarse a sí mismo. Y cuando el que gobierna ya es otro, los partidos tradicionales suelen hacerse los locos (oye, hoy por ti y mañana por mí). El actual gobierno de Llanes investigará si alguien es responsable de la pérdida de 226.000 euros (37,6 millones de pesetas). Una pasta. Bien. Muchos de los problemas de Spain se empezarían a arreglar si pagara el que rompe.
