Pues claro que se pueden criticar las decisiones judiciales, pero en un Estado de Derecho deben acatarse (otra cosa es rechazar el Estado de Derecho). El último auto del "caso Kaype" incluye frases a analizar. Una: los funcionarios defendieron criterios "jurídicamente discutibles, pero técnicamente defendibles". Entonces, quizá los jueces no debieron anular la licencia, lo que hubiera evitado la posibilidad de indemnizaciones millonarias que, por lo que se ve, pagaríamos los administrados, sin comerlo ni beberlo. Y dos: las actuaciones de varios investigados, aunque cuestionables, no encajan en el ámbito "del delito de prevaricación urbanística considerado en este caso". ¿Quiere decir el juez que la denuncia no estuvo bien planteada y debió hablarse, por ejemplo, de delito contra el medio ambiente, tráfico de influencias...? Claro que también puede ser, simplemente, que no haya delito. O que el juez se equivoque. O que las leyes flojeen. O que...
