Cinco personas deben ir a juicio por haber entrado en la finca de San Antolín de Bedón por un acceso que ellos consideran público o, cuando menos servidumbre de paso a un bien patrimonial, y que la propiedad cree parte de la finca y, por lo tanto privado, como el cierre derribado. Es normal que cuando dos partes en litigio no se ponen de acuerdo recurran al arbitraje de los jueces. Hasta aquí todo es (más o menos y sin entrar en profundidades) normal. Lo que no lo es, al menos en países "normales", es que estas personas tengan que ir a juicio y que nadie haya tenido que comparecer jamás ante un juez por los incontables atentados que sufrió la iglesia de Bedón en los últimos años: puertas reventadas, fogatas en su interior, fiestas nocturnas, entrada de animales, abandono, expolio... Actos, sin duda, infinitamente más graves que el que ahora se juzga y que nadie llevó al Juzgado, ni los dueños de la finca, ni el Ayuntamiento, ni el Principado... Spain.
