Quienes hayan seguido el devenir de Llanes en los últimos treinta años habrán comprobado que hubo unos que defendieron que el plan urbanístico de 1992 era legal, y otros que era ilegal y que sería anulado por los jueces; como unos garantizaron que el plan de 2003 era legal, y otros que era ilegal y que sería anulado en los tribunales; como unos afirmaron que la adjudicación de la redacción del plan de 2009 era legal, y otros que era ilegal y que sería anulada en los Juzgados; como unos avalaron que el plan parcial de La Talá era legal, y otros que era ilegal y que sería anulado en un juicio; como unos declararon que las licencias para ampliar el hotel Kaype eran legales, y otros que eran ilegales y que habría demolición... Ahora unos claman que hay derechos adquiridos de anteriores planeamientos y que debe recalificarse todo aquel revoltijo de suelos urbanizables, y otros que no. El tiempo dictará sentencia. Siempre lo hace.
