Cuando murió nuestra madre, en 2003, acudimos con la natural urgencia del caso al cementerio de San Salvador, donde nuestra familia posee una sepultura "en propiedad" desde que mis abuelos, ambos enterrados en ella, la adquirieron por los años 50.

Al realizar los trámites para un nuevo enterramiento nos enteramos con gran sorpresa de que la sepultura ya no era nuestra, sino que había sido expropiada por el Ayuntamiento de Oviedo y que, por suerte -palabras del funcionario- aún no había sido desalojada, es decir, no se habían deshecho de los restos.

Se nos informó que un bando municipal, con la intención de recuperar sepulturas sin deudos, había dado dos años de plazo para reclamar la propiedad y que, al no haberlo hecho, la sepultura de mis abuelos había pasado a propiedad municipal. Por diferentes motivos que no vienen al caso, ni nuestra madre ni nosotros llegamos a conocer esta disposición y ahora pagamos alquiler cada cinco años para seguir utilizándola.

A pesar de que en el título de propiedad de la sepultura consta el nombre del propietario así como su dirección, se puede constatar que nunca recibimos comunicación del cese de la propiedad, lo que hubiera sido condición imprescindible para ser desposeídos como propietarios. Por una mera multa de tráfico se rastrea al usuario con total eficacia, pero se puede perder una propiedad por no leer un bando municipal.

Pensando que en estos nuevos tiempos políticos nuestra reclamación encontraría la justicia que el caso merece, hemos intentado hacernos oír tanto dentro de IU, PSOE y Podemos sin que el desalojo de una sepultura y la pérdida de una propiedad por bando municipal despertara el mínimo interés. Escribimos esta carta pública como último recurso.