Oviedo, I. R.
La huelga que los funcionarios iniciaron el 6 de febrero (el 4 en el resto de comunidades que la secundaron) ha puesto patas arriba la administración de Justicia. Desde el comienzo de las movilizaciones, se han suspendido 6.000 juicios, unos 35.000 escritos de distinta índole se encuentran paralizados y unas 15.000 diligencias judiciales están pendientes de realizar.
Abogados y procuradores ven mermado su trabajo, los presos de Villabona llevan sin salir de permiso desde finales de enero y cientos de historias personales, algunas de ellas dramáticas, se acumulan en carpetas en las mesas de los Juzgados a la espera de una solución. En el pacto firmado por CC OO y UGT, los funcionarios se comprometen a poner al día el trabajo pendiente en un plazo de tres meses y a adaptarse a las nuevas tecnologías. Estas «horas extra» serán de carácter voluntario, serán remuneradas y a ellas se podrán acoger los trabajadores que lo deseen.
