Oviedo / Llanera / Madrid,

M. MARTÍNEZ / F. TORRE

La nueva financiación autonómica tendrá en cuenta la población, pero también la dispersión y el envejecimiento, criterio que ha defendido el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces. El anuncio lo realizó ayer José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe del Gobierno insinuó que la reforma no estará lista para el 9 de agosto, como exige Cataluña, aunque sí entrará en vigor en 2009.

Fue un añadido a la cena cordial, como se supone entre compañeros, celebrada el miércoles en Moncloa. Cordial y también franca. La cita, en la que Areces fue uno de los comensales más reivindicativos, sirvió, entre otras cuestiones, para dejar claro que la propuesta que defiende José Montilla no despierta entusiasmo entre los demás «barones». El anfitrión, Zapatero, hizo votos para que «no haya perdedores».

La nivelación parcial de servicios -y su correlato, la cuantía y reparto del fondo de suficiencia y demás mecanismos de nivelación- es una de las piedras de toque de la negociación. El Gobierno catalán es partidario de que el sistema sólo cubra el cien por ciento de determinadas cuestiones: sanidad, educación y los denominados servicios sociales básicos.

Éste fue uno de los asuntos más debatidos durante las tres horas y media que se alargó la cena. Areces, beligerante y pertrechado con los datos del informe elaborado por el consejero Jaime Rabanal, se opuso. Como otros presidentes, el asturiano entiende que es necesario asegurar que haya suficientes fondos para prestar otros servicios, como la justicia. Ya en su larga intervención inicial -Areces tomó la palabra al menos en media docena de ocasiones- advirtió de que es necesario inyectar más recursos en el sistema. Entre otras razones, para asegurar una buena aplicación de la ley de Dependencia. Zapatero asumió la petición.

Zapatero volvió ayer sobre esta cuestión: «Este debate (el de la nivelación parcial) tiene un alcance muy limitado porque educación, sanidad, y servicios sociales representan, en la práctica, el 90 por ciento de los gastos que tienen que sufragar las comunidades».

La bilateralidad es otra de las piedras de toque. Montilla reclama que la negociación sea cosa de dos: entre el Gobierno central y el catalán. Las demás comunidades, Asturias incluida, son partidarias de la multilateralidad. El foro idóneo es, a su juicio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La solución acordada en la Moncloa es salomónica. Habrá negociación bilateral, sí, pero con todos y de uno en uno. Después, si hay consenso, el Gobierno redactará un documento que será debatido en el Consejo de Política Fiscal. El remate, por tanto, será multilateral.

Todos los «barones» socialistas asumen que la población debe ser el criterio fundamental a la hora de distribuir el dinero, pero con matices. No tiene los mismos costes una población joven que otra envejecida. Porque, advirtió Areces, «el aumento de población no sólo tiene correlación con el gasto; también con los ingresos. El incremento de la población activa conlleva que crezca también la población ocupada y, en consecuencia, los ingresos». Eso es lo que ocurre donde llegan muchos inmigrantes.

El caso de Asturias es distinto. El mayor problema es el alto porcentaje de población mayor de 65 años, e incluso de 75. Ésa fue una de las banderas que desplegó Areces. Y no se quedó solo. Marcelino Iglesias, de Aragón, y Emilio Pérez Touriño, de Galicia, advirtieron de la necesidad de tomar en cuenta criterios adicionales al número de habitantes: la orografía, la dispersión y el envejecimiento, entre ellos.

En cuanto a los ingresos, los «barones» se mostraron de acuerdo en aumentar hasta el 50 por ciento la cesión a las comunidades de la recaudación del IVA, el IRPF e impuestos especiales. Pero la del impuesto de sociedades será íntegra para el Estado, con el objetivo de que cumpla con sus obligaciones constitucionales, como, por ejemplo, las políticas de Exterior y Defensa. Se busca así su suficiencia financiera. También se impulsará la capacidad de las autonomías para crear nuevos impuestos.

«Todos queremos buenos servicios y todos padecemos insuficiencia financiera»

Presidente de Galicia

«Al final, habrá acuerdo de todos y para todos, como en 2001»

Presidente de Castilla-La Mancha

«La financiación deberá depender cada vez más de las autonomías»

Presidente de Aragón

«Hay un principio esencial: que las comunidades no nos damos nada unas a otras»

Presidente de Extremadura

«Hay un consenso generalizado sobre los principales puntos de partida de la negociación»

Vicepresidenta de Cantabria