Oviedo, M. P.

La sentencia que paraliza el desarrollo de la carrera profesional hizo alzarse voces que reconocían la legitimidad de cualquier funcionario para reclamar hasta en los Juzgados el mantenimiento de los pagos y su extensión a todos los empleados públicos. Lo hizo, antes de conocer el recurso de ANPE, el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies (COFPA), una asociación de funcionarios que se basa en la certeza de que la sentencia del TSJA no anula el acuerdo que da origen a la carrera, sino sólo su desarrollo posterior. El COFPA interpreta en un documento remitido a sus asociados y a los sindicatos que aquel acuerdo entre Principado y fuerzas sindicales «sigue vigente», tiene consideración de norma jurídica y «obliga al Gobierno asturiano a pagar los importes del primer nivel sin necesidad de adhesión voluntaria ninguna». Es esto último lo que cuestiona la sentencia del TSJA, por lo que, según un portavoz de la asociación, cualquier trabajador, haya firmado o no su adhesión a la carrera, puede reclamar a la Administración el pago del complemento de productividad «a cuenta de la carrera» y, si no lo atienden, acudir a los tribunales.