El Supremo recibe el primer recurso contra la paralización de la carrera profesional

El sindicato de enseñanza ANPE decidió ayer recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula el desarrollo de la carrera profesional para 14.000 funcionarios del Principado. Este primer recurso que recibe el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, pretende que la Administración mantenga el pago de los complementos asociados a la carrera.

Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, matiza, sin embargo, que el recurso «no suspende la ejecución de la sentencia» y que el Gobierno regional no está obligado a seguir abonando las retribuciones. «Puede quedarse donde está», afirma. Debe decidir entre mantener en vigor la carrera y los pagos o bien acatar la sentencia del TSJA y, como tenía previsto antes de conocerse este recurso, dejar de abonar esas cantidades. En este segundo supuesto, eso sí, un fallo del Tribunal Supremo contrario a sus intereses le obligaría a pagar todo eso y más, «con atrasos e intereses», aclara Bocanegra. Otra alternativa, la petición de la ejecución provisional de la sentencia, es factible, pero «subordinada a una fianza muy alta».

Este recurso que ahora presenta ANPE es, en todo caso, el que el Principado se negó a presentar la semana pasada aduciendo que el Tribunal Supremo podría pedir la devolución del dinero ya abonado a los trabajadores que se adhirieron a la carrera. En cualquiera de los supuestos, se abre un largo proceso que puede alargar un año la decisión sobre la admisión a trámite del recurso y dos o tres la sentencia.

Al tomar esta decisión ANPE se basa en otras interpretaciones jurídicas que sostienen que el recurso sí deja en suspenso la sentencia del TSJA y obliga a la Administración a seguir pagando. En un comunicado, el sindicato dice querer evitar la paralización de los pagos y comprobar «cuáles son las verdaderas intenciones de la Administración», si a pesar del recurso «decide seguir incumpliendo el acuerdo de la carrera profesional y deja de pagar». Los recurrrentes afirman que la acción judicial también los protege de aquellas iniciativas planteadas para exigir la devolución del dinero que ya cobraron los funcionarios.