Ribadesella, B. MORÁN

«Entrar en especulaciones sería violentar a Montesquieu, del cual soy un lector atento». Con estas palabras, el director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, José Alberto Pérez Cueto, eludió ayer entrar en el proceso judicial abierto (de ahí la alusión a Montesquieu) y tampoco aclaró cuándo se percató de que una funcionaria de confianza del departamento de Ana Rosa Migoya podría haber falsificado su propia firma para adjudicar contratos a una empresa de su propiedad, Implans Mounts.

Pérez Cueto, que según el Principado fue quien alertó, en el ámbito administrativo, de los manejos de la funcionaria, se limitó a decir que «detecté presuntas irregularidades, se abrió un expediente, esta trabajadora fue destituida de su cargo y todo el expediente, remitido a la fiscalía para investigar el presunto delito».

Alberto Pérez Cueto, el más joven diputado nacional por Asturias en las filas del PSOE lustros atrás, realizó esas declaraciones durante una visita institucional a Ribadesella para promocionar la TDT. Era su primer acto público tras el escándalo de la funcionaria del área de Administraciones Públicas, que ha generado gran sorpresa y también cierta inquietud en el departamento y en la Administración regional.

Entre los círculos de funcionarios del Principado se sostiene que este caso ha desnudado las carencias existentes en los controles internos de la Administración. Personal que conoce al detalle la tramitación administrativa de los contratos menores cuestionó la tardanza con la que el Principado se enteró del supuesto engaño de su funcionaria, máxime cuando cuenta con un programa, denominado Asturcón XXI, que permite seguir a diario la evolución de todos los contratos y partidas de cada departamento.