Oviedo, J. A. ARDURA
La mayoría de las autonomías, tanto del PSOE como del PP, pedirá al Estado aplazar la devolución de 20.000 millones de euros correspondientes a los adelantos de la financiación autonómica, una cantidad de la que Asturias deberá reintegrar unos 700 millones de euros. El Ministerio de Economía está dispuesto a debatir esta cuestión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque argumenta que la nueva ley de financiación, aprobada hace un año, introdujo, entre otros cambios, la posibilidad de devolver el desfase de ese anticipo en 5 años, más uno de demora. Uno de los gobiernos que requieren mayor «flexibilidad» al Estado es el de Castilla-La Mancha, que plantea una fórmula alternativa: elevar el techo de endeudamiento a las comunidades autónomas para poder financiar las liquidaciones negativas. Esa alternativa también debe contar con el visto bueno del Gobierno central.
El aplazamiento de los pagos ya se abordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado mes de julio, por iniciativa de las autonomías de Galicia y Castilla y León, pero no prosperó. En aquel momento, la posición del Gobierno asturiano era tibia, ya que se mostró dispuesto a afrontar el primer pago en su Presupuesto de 2011, pero el Principado ha cambiado su estrategia esta semana después de que el consejero de Economía, Jaime Rabanal, estimase el importe de la devolución correspondiente al pasado ejercicio «entre 500 y 600 millones de euros». Una cifra que «preocupa» al Ejecutivo asturiano por el impacto que tendría en las cuentas regionales a partir de 2012. La portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, emplazó el pasado miércoles al Gobierno central «a buscar una solución más flexible con las autonomías», tras matizar que el desfase entre el dinero recibido en concepto de anticipo y los ingresos fiscales, liquidados finalmente, «no es imputable al Principado».
La mayoría de las autonomías consultadas por LA NUEVA ESPAÑA sostiene que la devolución de esos 20.000 millones de euros en un contexto de crisis y caída generalizada de los ingresos fiscales lastra los presupuestos autonómicos en un momento de dificultades financieras en el que es necesario garantizar la prestación de los servicios públicos. De ahí que comunidades como Galicia, Castilla y León, La Rioja, Valencia, Canarias, Extremadura o Castilla-La Mancha exijan al Estado una mayor flexibilidad para afrontar esas devoluciones, aunque con distintas fórmulas.
Galicia, que deberá devolver casi 2.600 millones de euros, fue la primera autonomía que propuso «aplazar la devolución de los anticipos a más años y cuando la economía se sitúe en ritmos de crecimiento de un 2 por ciento», según precisó ayer un portavoz de la Consejería de Hacienda de la Xunta. Una posición que también comparte Castilla y León, cuya consejera de Economía, Pilar del Olmo, es en la actualidad vicepresidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que preside la ministra Elena Salgado. Castilla y León, que tendrá que reintegrar al Estado 1.943,6 millones de euros, propone ampliar el período de devolución a 10 años, según fuentes de su Consejería de Hacienda, y no descarta que el conjunto de las autonomías articule un frente para defender esa iniciativa con vistas al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para noviembre.
Por su parte, la consejera de Hacienda de Murcia, Inmaculada García, se quejó de que el modelo de financiación «no contempla ningún mecanismo de salvaguarda». Murcia deberá reintegrar 711 millones de euros.
La importancia de las cantidades a devolver por las autonomías provoca posicionamientos similares de gobiernos de distinto color político. Extremadura es una de las autonomías gobernadas por el PSOE que también es partidaria de flexibilizar la devolución de los anticipos. «La Junta ya votó a favor de la prórroga en el último Consejo de Política Fiscal, pero se denegó», aseguraron fuentes de la Consejería extremeña de Hacienda.
La comunidad de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PSOE, sostiene una fórmula distinta, aumentar el margen de endeudamiento de las autonomías, pero con idéntico fin: amortiguar el impacto a las autonomías de la devolución al Estado. «Si nos dejan endeudarnos para financiar las liquidaciones negativas, entendemos que ya hay suficiente flexibilidad, ya que en tal caso cada comunidad puede escoger el plazo de devolución, 5, 10 o 20 años, en vez de limitarse a 10 años para todos como solicitan algunas comunidades autónomas», declaró a este periódico un portavoz de la Consejería manchega de Hacienda. Por otra parte, un portavoz del Gobierno aragonés eludió decantarse por alguna de esas fórmulas tras afirmar que «Aragón acatará la decisión del Consejo de Política Fiscal».
