04 de noviembre de 2010
04.11.2010
 

El juez tira de las orejas a Migoya

Un magistrado de lo Contencioso reprende al Principado por desoír varias sentencias sobre funcionarios «desafiando la más elemental prudencia»

04.11.2010 | 01:00

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

«Posición reprochable», «tesis anacrónica que no se ajusta a las claves constitucionales», «desafiando la más elemental prudencia» o «intento indisimulado de posponer los hechos ilícitos consumados». Éstos son sólo algunos de los «piropos» que José Ramón Chaves, magistrado del Juzgado contencioso-administrativo número 5 de Oviedo, le dedica a la política de personal seguida por la Consejería de Administraciones Públicas responsabilidad de Ana Rosa Migoya. Así queda reflejado en el último auto que pone en duda el ascenso a jefes de sección de 148 funcionarios del Principado, lo que podría hacerse extensible al proceso de selección seguido para el nombramiento de otros 332 jefes de sección y 350 jefes de negociado. En total, 830 cargos intermedios de la Administración.

El auto del juez Chaves llega después de una reclamación presentada por el sindicato USIPA, al que da la razón, en el que se solicita la ejecución de la sentencia que, en primera instancia y a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ante el recurso presentado por el Principado, tumbó la elección de estos 148 jefes de sección al invalidar una de las bases de la convocatoria del concurso de méritos. Las bases anuladas por los tribunales son idénticas en los otros dos procesos. Uno de ellos, el de 350 plazas de jefes de negociado, ya cuenta con una sentencia firme por parte del TSJA en la que se tumba el procedimiento. Por lo que desde USIPA se entiende que las decisiones sobre el resto de los procesos serán idénticas e irán en contra de la Administración.

Precisamente Chaves se basa en esa sentencia firme del TSJA para asegurar que «la posición de la Administración resulta palmariamente reprochable», ya que el Principado, «desafiando la más elemental prudencia y en lugar de suspender otras convocatorias incursas en el mismo vicio», siguió adelante y adjudicó las plazas. En realidad, buena parte de los 830 puestos -unos 640- ya tienen nombre y apellidos. Al tiempo, los puestos dejados por los nuevos jefes, según denuncia USIPA, están preparados para salir a un concurso de traslados. Es decir, en el caso de que los cargos intermedios tengan que volver a su puesto anterior, éste estaría ocupado.

Sin olvidar que uno de los concursos ahora anulados ya fue tumbado, como resalta el magistrado, el 12 de noviembre de 2007, para volver a ponerlo en marcha ligeramente modificado. «En otras palabras», explica Chaves en su escrito, «llueve sobre mojado, hay sobrados pronunciamientos judiciales orientando a la Administración sobre la senda de la objetividad y cabe apreciar en la posición a este incidente un intento indisimulado de posponer los hechos ilícitos consumados».

Otro de los reproches de Chaves se centra en los argumentos utilizados por la Consejería responsabilidad de Ana Rosa Migoya para evitar que se ejecute la sentencia a petición de USIPA. Así, el magistrado asegura que el planteamiento del Principado de evitar la ejecución provisional de la sentencia «resulta inadmisible». En el auto se asegura que uno de los motivos expuestos por la Administración para evitar la ejecución de la sentencia, que se centra en considerar que un sindicato está legitimado para impugnar unas bases de una oposición, pero no para pretender la anulación de las adjudicaciones derivadas de las mismas, «supone reducir la legitimidad de un sindicato a un ámbito puramente moral (...). El planteamiento de considerar que un sindicato puede impugnar convocatorias, pero no está legitimado para pedir la anulación de adjudicaciones de puestos de trabajo es una tesis anacrónica que no se ajusta a las claves constitucionales».

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