La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de prisión provisional sin fianza para el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y para una ex directora general y una funcionaria del Principado de Asturias, que están en la cárcel desde la semana pasada por orden de la jueza de Gijón que investiga un supuesto caso de corrupción en adjudicaciones de contratos.
Considera que deben seguir en prisión Riopedre, la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Gobierno regional María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo y que debe mantenerse la libertad bajo fianza de 300.000 euros para los empresarios Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín.
La Fiscalía ha presentado los correspondientes informes en el Juzgado de Instrucción numero 4 de Gijón en contestación a los recursos planteados por las defensas de los imputados.
Mantiene su petición de prisión provisional sin fianza para el exconsejero al considerar que no se ha modificado ninguna de las circunstancias que llevaron a formular esta solicitud.
En cuanto a la "penosa situación médica" del imputado que alega la defensa, estima que no resulta en modo alguno acreditada por los informes médicos, que por otro lado no ponen de manifiesto ningún agravamiento a fecha actual que permita considerar un cambio de criterio.
El martes pasado la Fiscalía solicitó un informe médico al centro penitenciario de Villabona (Asturias) con carácter de urgencia para conocer de primera mano el estado de salud del imputado.
La petición de ingreso en prisión está motivada igualmente por la existencia de un riesgo de fuga y una posible ocultación o alteración de pruebas, circunstancia ésta que entiende que se mantiene y que irá valorando a medida que avance la instrucción y vaya desapareciendo esta posibilidad, máxime cuando aún están en marcha diversas diligencia de investigación.
Asimismo, la Fiscalía entiende que los delitos que se atribuyen al exconsejero llevan aparejadas penas graves en el caso de que fuera finalmente condenado, de prisión y elevadas responsabilidades civiles, que justifican la medida cautelar adoptada.
Para la Fiscalía no cabe hablar de nulidad de auto de la jueza, como alegó la defensa, que sostiene que se denegó expresamente la posibilidad de conocer los hechos concretos de la imputación atribuidos al detenido.
En el presente caso hay decretado el secreto de la actuaciones y éste está amparado por la ley, recuerda la Fiscalía.
En lo que respecta a María Jesús Otero, la Fiscalía solicita también que se mantenga su situación de prisión provisional sin fianza, al igual que para Marta Renedo.
La Fiscalía lo considera imprescindible para evitar que las imputadas eludan la acción de la Justicia y hasta que se adopten todas las medidas necesarias para evitar la posible ocultación o alteración de pruebas.
En el caso de los empresarios, la Fiscalía pide que se mantenga la resolución dictada por la jueza a pesar de que considera que las medidas cautelares adoptadas son excesivamente benévolas, atendiendo a las circunstancias.
Por otro lado, la Fiscalía ha presentado también un recurso contra el auto en el que la jueza se declaraba competente para continuar con la instrucción del caso.
Considera que la instrucción debe trasladarse a los juzgados de Oviedo, al entender que es en la capital asturiana donde ocurrió el grueso de los hechos investigados.EFE
