La investigación abierta en torno a la «operación Marea» contra la corrupción no se detiene. El juez que instruye la causa, el ovetense Ángel Sorando, sopesa decretar en los próximos días la imputación de varios altos cargos que trabajan actualmente en diversas consejerías del Gobierno regional. El último informe enviado por la Policía al Juzgado deja entrever, según fuentes cercanas a la investigación, relaciones comerciales entre estos funcionarios investigados y empresas privadas cuyos administradores son algunos de sus familiares directos.

En el documento remitido por los agentes de la brigada de Policía judicial de Gijón se señalaba entre otros nombres el de la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez. La empresa de la que es administrador único el marido de la política, Formación e Inserción, S. L., recibió entre el año 2006 y 2009 un total de 76.640 euros en subvenciones. El TSJA emitió un auto el pasado miércoles invitando al juez instructor, Ángel Sorando, a investigar este asunto, ya que, por el momento, «en absoluto» se encontraron indicios delictivos en la actuación de la Consejera. El magistrado encargado de esta causa en la que se investigan supuestas adjudicaciones irregulares en la Administración pública asegura que es «lógica» la devolución de los documentos y anuncia su intención de continuar la investigación interrogando al marido de la Consejera y solicitando varios informes para cerciorarse de que las subvenciones habían sido adjudicadas correctamente. Fuentes cercanas a la investigación señalaron ayer a este periódico que la de la Consejera no es la imputación más importante de cuántas se encuentran actualmente sobre la mesa. La sospecha de la comisión de delitos con dinero público recae también en otros altos cargos cuyo nombre no ha sido revelado por encontrarse aún esta parte del proceso bajo secreto de sumario.

Estos responsables regionales podrían situarse en varias consejerías del Gobierno, tal y como informaron las mismas fuentes. El informe remitido por el juez Ángel Sorando al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, redactado en junio de este año por la Policía, analiza la situación en la que se encuentran 23 altos cargos de la Administración pública asturiana que podrían ser llamados a declarar próximamente.

Entre tanto, el magistrado ovetense encargado del caso, en el que se han visto involucrados en los últimos meses políticos, funcionarios y empresarios asturianos, continúa recibiendo pruebas en torno a la participación en hechos delictivos de varios de los imputados conocidos hasta la fecha. La Policía Nacional ha remitido ya a este magistrado las pruebas caligráficas solicitadas en su día en las que se demuestran varias falsificaciones de facturas.

La juez titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, ordenó en el mes de enero el ingreso en prisión del ex consejero de Educación del Gobierno regional José Luis Iglesias Riopedre, de la que fuera su «número dos» en la Administración asturiana, María Jesús Otero, y de la alto cargo de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. Los dos empresarios detenidos por aquel entonces, el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, quedaron en libertad bajo fianza de 300.000 euros. La sección octava de la Audiencia Provincial aceptaría posteriormente la salida de prisión de Iglesias Riopedre y una rebaja hasta los 150.000 euros de la fianza de los dos empresarios imputados. La Audiencia obligaría, además, al traslado de la causa al Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, dirigido por el magistrado que actualmente investiga la supuesta corruptela, Ángel Sorando.