Oviedo, L. Á. VEGA
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial iniciará el próximo día 26 el juicio contra el hostelero Adrián C. P., el presunto autor de la mortal puñalada que costó la vida al vigilante de seguridad gijonés Miguel Rodríguez Morán, de 30 años, en la madrugada del 8 de febrero de 2009 en un local hostelero de Pola de Siero. El homicidio se produjo en un conocido establecimiento de la plaza de les Campes, el centro de la «movida» polesa, cuando la víctima estaba tomando unas copas junto a unos amigos.
La responsabilidad de juzgar al presunto homicida, que tenía 25 años cuando se produjo el crimen, corresponde a un tribunal popular. Inicialmente iba a ser uno profesional el que juzgase los hechos, pero finalmente se optó por la opción del jurado tras un recurso de la defensa del presunto homicida, que corre a cargo del abogado Ricardo Álvarez Buylla.
El ministerio público solicita penas que suman un total de 16 años y cuatro meses de prisión, así como indemnizaciones por importe de 240.000 euros para la viuda, el hijo y los padres de la víctima. El niño tenía 3 años cuando ocurrieron los hechos.
Los hechos se produjeron alrededor de la una y media de la madrugada, según se recoge en el escrito de acusación. El acusado y la víctima protagonizaron una discusión en el interior del establecimiento durante la que Adrián C. P. sacó una navaja de 16,5 centímetros de hoja, con la que asestó una puñalada mortal a Miguel Rodríguez. El vigilante fue encontrado posteriormente por sus amigos, agonizando en el suelo, frente al establecimiento donde se produjo la discusión, en plena plaza de les Campes. Se le llevó primero al ambulatorio de la Pola, y posteriormente fue trasladado hacia el Hospital Universitario Central, ante la gravedad de sus lesiones, pero falleció durante el trayecto, sin que los facultativos lograsen reanimarlo.
Adrián C. P. fue posteriormente detenido en un local cercano, en una acción conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de Siero. Al día siguiente se localizó el arma homicida, que había sido arrojada a una alcantarilla en las inmediaciones del lugar del crimen.
Previamente a cometer el crimen, el presunto homicida había agredido y amenazado con la misma navaja a una camarera brasileña del establecimiento, con la que mantendría una relación sentimental. El hecho de que se produjese este incidente previo fue lo que hizo dudar sobre si lo ocurrido debía ser juzgado por un tribunal popular o uno profesional, al tratarse de dos presuntos delitos diferentes.
