La Sociedad Mixta de Gestión del Suelo (Sogepsa) -participada al 45% por el Principado- cerró en 2006 en Gijón una operación de compra de terrenos similar a la de la «parcela 51» del área residencial ovetense de Prado de la Vega, donde pagó 9 millones por una finca, más del doble de lo que luego tasó para las expropiaciones de terrenos cercanos.

En el caso de Gijón, Sogepsa pagó entre 1,5 y 2,3 millones de euros por encima de la tasación oficial de los terrenos del área residencial de Roces. En concreto, abonó por tres solares que suman 51.610 metros cuadrados 4,5 millones más IVA. Aplicando la tasación oficial, la expropiación forzosa, que comenzó a desarrollarse un mes después, habría ascendido a 2,2 millones de euros.

Sogepsa llegó a un acuerdo amistoso de expropiación en 2006 con una empresa asturiana de prefabricados para hacerse con tres parcelas que integrarían el futuro área residencial de Roces (Gijón). Pagó a razón de 87 euros el metro cuadrado, un precio que duplicaba el que ya estaba fijado por la Comisión de Urbanismo (CUOTA) para este proceso expropiatorio y que era de 43,32 euros el metro cuadrado. Además, el precio que abonó Sogepsa por estos tres solares también superó en 27 euros por metro cuadrado el precio máximo de 60 euros ofertado por la entidad para operaciones de mutuo acuerdo con el resto de propietarios de los solares afectados.

La adquisición de las fincas de la empresa de prefabricados en Roces por parte de Sogepsa se firmó de mutuo acuerdo el 18 de septiembre de 2006, un mes antes de la fecha fijada para el levantamiento de actas de ocupación de los terrenos, y a un precio de 87 euros el metro. Cumplido este trámite del levantamiento de actas, la sociedad mixta tenía legalmente las manos libres para la expropiación forzosa de las parcelas al precio marcado por la CUOTA para la zona residencial gijonesa, que era de 43,32 euros el metro. El área de Roces se alza ahora al sureste de Gijón, en la parroquia del mismo nombre y en parte de la de Granda. Tiene una superficie superior a los 800.000 metros y capacidad para un total de 3.700 viviendas, de las que el 82% es de protección oficial.

Según la documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, Sogepsa abonó por los 51.610,10 metros de superficie de las tres fincas propiedad de la empresa de prefabricados un total de 5.220.000 euros, resultado de sumar el IVA a una valoración inicial de 4.500.000 euros. Si la sociedad mixta hubiera aplicado la tasación oficial fijada por la CUOTA, la operación le hubiera salido por 2,2 millones, mientras que pagando a 60 euros el metro, máximo para los casos de mutuo acuerdo, el desembolso hubiera sido de 3 millones de euros. Por tanto, y sin tener en cuenta los impuestos, el sobrecoste para Sogepsa en esta operación se sitúa entre 1,5 y 2,3 millones de euros.

Sogepsa pagó por los terrenos de la empresa de prefabricados a razón de 87 euros el metro cuadrado, cuando en el propio expediente de la operación de estas fincas consta expresamente que la CUOTA había valorado «razonadamente» el metro cuadrado en el área residencial de Roces a 43,32 euros el metro cuadrado. Fue el precio que rigió para el resto de afectados que rechazaron una transacción de mutuo acuerdo.

Un mes después de la compra de las tres fincas a la empresa de prefabricados, y según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Sogepsa expropió a otro particular una finca de 5.930 metros cuadrados en Roces a un precio de 43,32 euros el metro. En el acta de ocupación y pago, el expropiado dejó constancia de su intención de acudir a los tribunales por su disconformidad con la tasación.

Sogepsa es una empresa que obtiene suelo y se encarga de su promoción, gestionándolo y ejecutando el planeamiento urbanístico. La sociedad está participada mayoritariamente por el Principado, que dispone del 45%. Además, 32 ayuntamientos asturianos cuentan con el 13% y varias constructoras de la región tienen el 42% restante. El consejo de administración está formado por quince integrantes, repartidos a partes iguales entre los empresarios, los concejos y la Administración autonómica, que suele colocar al consejero de Ordenación del Territorio como presidente. La Sindicatura de Cuentas censuró en 2011 la falta de transparencia de la sociedad mixta para enajenar y comercializar parcelas. Además, pone en tela de juicio que funcione como una empresa privada cuando su mayoría accionarial es pública.