Oviedo, María José IGLESIAS

La Consejería de Agroganadería ha iniciado la revisión del plan de gestión del lobo en Asturias, aprobado en 2002, con el objetivo de elaborar un nuevo documento, con participación pública, que logre evitar el espectacular aumento de los daños producidos por la especie en el Principado, según avalan los datos de años anteriores y los de los primeros meses de 2012.

La resolución que inicia los trámites se firmó hace un mes, según señaló la consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, quien estima que en menos de un año el nuevo documento estará listo para ser aprobado en la Junta General del Principado, siguiendo el mismo camino del documento vigente, que también pasó el filtro del Parlamento regional.

Álvarez pide «raciocinio» en el debate y defiende la necesidad de conservar la especie, aunque evitando un nivel de daños como el actual. «Debemos buscar fórmulas que permitan que la especie no desaparezca, huyendo de la visceralidad; el mejor daño es el que no se produce, estamos ante un problema serio del que se tiende a hacer una valoración subjetiva», indica.

En total en Asturias hay 7.389 expedientes de pago aprobados por daños de fauna salvaje, a los que se han destinado 2 millones de euros. Más del 60 por ciento fueron «heredados» por el actual Gobierno asturiano del Ejecutivo presidido por Francisco Álvarez-Cascos entre agosto de 2011 y mayo de 2012 y ascendió a 4.498 casos, que suponen un importe de 1,5 millones de euros.

Desde el 28 de mayo pasado al día de hoy se han contabilizado 2.891 expedientes por daños, que suponen otro desembolso a la Administración del Principado de más de un millón de euros. Los ataques producidos por el lobo suponen alrededor del 40% del importe total adeudado. Los daños de jabalí suponen casi el 35% del importe.

Álvarez, que recalca el esfuerzo realizado tanto por su Consejería como por la de Hacienda, para habilitar los fondos necesarios para hacer frente a los pagos, esenciales para los ganaderos afectados, asegura que pagar no es suficiente. «Lo ideal es que no se produzcan», explica. Además, le preocupa que la población de lobos exceda sus áreas habituales y aparezca en zonas en las que nunca han estado, como es el caso del atropello de un ejemplar que tuvo lugar el pasado verano en la recta de Otur (Valdés). Los concejos con más expedientes por daños de fauna salvaje son Teverga (con 264 expedientes), Somiedo, con 295; Belmonte, con 179; Aller, con 219, y Ponga, donde se registraron 171 expedientes. La cantidad más alta en indemnizaciones (110.000 euros) corresponde al municipio de Colunga, por la influencia del área montañosa del Sueve.

Álvarez reconoce que no existe una fórmula mágica para acabar con el problema que generan tanto los lobos como el resto de especies salvajes en la ganadería regional, que en un alto porcentaje se desarrolla en zonas montañosas. «Hacer del lobo especie cinegética no es la solución, el fracaso de esa medida se está viendo en otras comunidades», en alusión a Castilla y León, donde los lobos se pueden cazar. El pasado mes de marzo, el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, planteó a la Comisión Europea el problema relativo al incremento de la población de lobos en el sur del Duero y pidió igualar la gestión de esta especie respecto a la zona norte, donde pueden cazarse para evitar los ataques continuos a la cabaña ganadera de Castilla y León.

María Jesús Álvarez asegura que la Administración autonómica actuará con todo el rigor. «Queremos poner tranquilidad, no avivar la polémica», comentó.

Y estrechamente ligada a la supervivencia de las especies y su desarrollo va la gestión de los espacios forestales. Para ello Agroganadería también ha constituido dos grupos de trabajo que están elaborando sendos informes sobre el estado del eucalipto en Asturias -especie que supone el 96% de las cortas de madera en la región- y otro sobre la explotación de la biomasa, que orientarán al Consejo Forestal y al Gobierno en asuntos tan importantes como el lugar que ocupará la silvicultura del eucalipto en las producciones forestales en el Principado.