La ley de transparencia es "la espada de Damocles" sobre los políticos españoles, y aunque "es mejorable hay que valorarla", afirmó ayer José Ramón Chaves, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), durante la conferencia "La transparencia al desnudo: entre lo político y lo administrativo", que impartió en el aula Rafael del Riego, en Tuña (Tineo). "Es buena, porque ya no estamos en el vagón de cola de Europa, sólo Chipre, Malta y Luxemburgo no la tienen", aseguró.
Chaves estima que la norma "debilita la independencia de criterio", porque el Consejo de Transparencia "está constituido por personalidades de cuño político". A su juicio, esto duplicará las interpretaciones a la hora de juzgar los casos de corrupción, por lo que "nace bajo sospecha". Y señala que también existe una duplicidad de órganos, porque cada comunidad autónoma podrá tener su propio consejo: "Ése es el precio que hubo que pagar".
La nueva ley, que será aprobada en un mes en el Congreso, tiene sus puntos positivos, según el magistrado. Por primera vez, se tipifican infracciones para los cargos políticos que podrán conllevar su destitución y obligarlos a indemnizar a las arcas públicas si procede, si bien José Ramón Chaves intuye que sólo serán aplicables en "los casos más sangrantes, porque quienes tienen la llave son el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y los consejeros del área"; pero tendrá un efecto preventivo: "Tal como está la ley, ya no es buen negocio ser político".
Cada administración deberá publicar "toda la información, incluida la trayectoria de los cargos públicos". Al tiempo el juez piensa que será de difícil implantación por las medidas de austeridad, así que cree conveniente estimular con bonificaciones el arranque del sistema para garantizar la aplicación de la nueva ley.
Aunque los ciudadanos podrán consultar cualquier expediente, la negativa del ente público a otorgarlo obligará al primero a lo que el magistrado calificó de "vía crucis". Y explicó: "El ciudadano tendrá que poner una reclamación, y si no es efectiva, presentar un recurso contencioso. Un proceso largo y lento para que al final den el expediente, y hay que pagar, además, las tasas judiciales".
Otro de los problemas que observa Chaves es el difícil equilibrio entre el acceso a la información y la protección de datos. Y propone la técnica de la disociación para solucionarlo. Puso un ejemplo: "Cuando un ciudadano solicite información sobre cuántos accidentes se producen en los puntos negros, puede obtener la información, pero eliminando los datos nominativos de los implicados".
La ley afectará a las administraciones públicas y sus entes vinculados, a los partidos políticos, organizaciones empresariales y a los sindicatos, aunque en este último caso no a sus fundaciones. "Otro punto débil", advirtió. Además, la Casa Real y el Parlamento sólo están obligados a ofrecer la información relativa al ámbito administrativo, "pero no, por ejemplo, los gastos institucionales". Y ¿por qué ha tardado tanto en llevarse a cabo?: "Nadie quiere ponerse la soga al cuello, la luz para los corruptos es como para los vampiros".
