Henry Laíño, el hombre que supuestamente cerró el contrato para prorrogar la vinculación de Aquagest con Salas, también tenía relación directa con Joaquín Fernández, el exvicesecretario de Comunicación del PP regional que está imputado en el "caso Pokémon". En una de las conversaciones telefónicas que le fueron intervenidas a Laíño por orden de Pilar de Lara, el director territorial de Aquagest en el Principado, que también lo era de todo el norte de España, asegura que Fernández realizaba en la región "un trabajo de político comercial" y que su misión era "abrirle puertas" a Aquagest en Asturias. Lo hace durante una llamada "a una mujer sin identificar" en la que se habla de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Ángel Espadas -que fue la mano derecha de Gerardo Conde Roa, el exalcalde de Santiago de Compostela- para que siguiese haciendo de "abrelatas político" de forma "discreta" a pesar de que la dimisión de Conde Roa lo alejó del ayuntamiento gallego. Para los responsables de Aquagest, según las escuchas, Espadas seguía siendo muy útil. "Henry indica que si no se ha sabido desde hace dos años que tienen contratado a Joaquín Fernández Díaz esto de Ángel Espadas tampoco se tiene por qué saber", resumen los agentes de Vigilancia Aduanera tras escuchar una conversación de Laíño efectuada el 24 de abril del 2012. "Henry le dice que no va a ser un puesto técnico y que le va a hacer lo mismo que él que tiene en Asturias, un trabajo político comercial para abrirle puertas. Henry le dice que eso no es ningún problema, que es el pan nuestro de cada día y que el que está de director (de Aquagest) en Castilla la Mancha era el gerente de la Agencia Catalana del agua en el Gobierno".
