Una de cada seis mujeres denunciantes de maltrato renuncia al proceso antes de que finalice, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2013 se presentaron en los Juzgados asturianos 2.438 denuncias por maltrato, de las cuales se retiraron 376, un 15,42 por ciento del total, por encima de la media nacional que se sitúa en el 12 por ciento. Se trata de un porcentaje sólo superado por Navarra y el País Vasco. Según abogadas de las víctimas, este alto porcentaje de renuncias -que no obstante es inferior al registrado en 2012, año en el que una de cada cuatro denunciantes se echó para atrás- se relaciona con el bajo número de órdenes de protección que se conceden en el Principado y el liviano castigo a los quebrantamientos de condena y de medidas cautelares. Se trata, según indican las letradas, de "un mensaje equivocado" que influye en la negativa a seguir con el proceso.
Las órdenes de protección descendieron en Asturias, a pesar de que las denuncias se mantuvieron en la misma cifra. Según datos del CGPJ, se concedieron órdenes de protección en un 28,92 por ciento de las 2.438 denuncias presentadas. En 2012, ese porcentaje fue del 32 por ciento de las 2.431 denuncias.
A finales del año pasado saltaron las alarmas al conocerse que Asturias era, con Cataluña, la región en la que más órdenes de protección se denegaban, un sesenta por ciento. La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Sanjurjo, llamó la atención sobre esta situación, que fue tratada en el Observatorio de la Violencia de Género (dependiente del mismo instituto). En los primeros dos trimestres de 2013, se denegaron el 60 por ciento de las órdenes de protección solicitadas. En tercer trimestre, no obstante, la situación se corrigió un tanto, y sólo fueron rechazadas el 49 por ciento.
"Se está lanzando un mensaje equivocado desde los tribunales que hace que las mujeres sean reacias a continuar con las denuncias", estima Victoria Carbajal, secretaria de la asociación de Abogadas por la Igualdad. "Independientemente de los casos en los que pesan cuestiones personales -algunas denunciantes no están convencidas y no soportan ver detenido al padre de sus hijos-, muchas mujeres llegan al Juzgado y se encuentran con que no les conceden las órdenes de protección. Se preguntan si no las creen, y eso se añade a la angustia de tener que denunciar", indicó la abogada.
"Las órdenes de protección no se conceden ni siquiera en el caso de las denuncias graves. Los jueces sólo adoptan esa medida en caso de que haya un riesgo objetivo, pero esa apreciación depende de cada magistrado. Salvo que se haya producido una paliza importante, no se conceden. No tienen claro que la orden de protección es para prevenir", añadió Carbajal.
El reciente caso del vecino de Gijón que provocó un incendio en casa de su exmujer y sus hijos es la gota que colma el vaso. El causante del fuego había sido condenado a una pena de prisión por quebrantamiento de una medida cautelar, pero la sustituyó por 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad. La comisión de seguimiento del Observatorio de la Violencia de Género propuso anteayer miércoles varias medidas para reducir los quebrantamientos de condena. Entre ellas, que no puedan sustituir la pena impuesta por trabajos en beneficio de la comunidad. "Si quebrantar una medida de alejamiento sale por sólo unos días de trabajo para la comunidad, es normal que las mujeres se echen para atrás", añadió Victoria Carbajal.
El Consejo del Poder Judicial, que hizo públicos ayer los datos de violencia de 2013, hizo hincapié en que sólo 11 de las 54 asesinadas (una de ellas en Asturias) había presentado denuncia previamente al crimen. Se presentaron 124.894 denuncias, 3.649 menos que en 2012, o lo que es lo mismo, diez denuncias diarias menos. Un total de 15.300 mujeres renunciaron a la denuncia (el 12,25 por ciento). Se registraron 52,18 denuncias por cada 10.000 mujeres. Y se concedieron órdenes de protección en un 26,29 por ciento de los casos. Las regiones con más denuncias por cada diez mil mujeres fueron Baleares (78,48), Canarias (66,87), Valencia (66,18), Murcia (63,59) y Andalucía (62,18). Donde menos, Castilla y León (32,62) y La Rioja (33,85). Siete de cada diez denuncias fueron presentadas por las víctimas. Los menores enjuiciados por violencia de género aumentaron un 5 por ciento.
