Un total de 31 niños murieron en España a manos de sus padres desde el año 2008. La negra estadística no pasa por alto que la mayor parte, 20 de ellos, fueron asesinados en ausencia de la madre, mientras el padre disfrutaba del régimen de visitas otorgado por el juez.
En 2008, seis menores fueron asesinados, dos de ellos durante el periodo de las visitas. En 2009, dos, ambos durante la visita. En 2010, seis, tres de los cuales sin su madre delante. En 2011 y en 2012, ocho, seis de ellos en tiempo de visita. El año pasado, seis, cuatro de los cuales murieron durante las visitas.
En España, al contrario de lo que lo sucede en otros países del entorno, el derecho del padre a ver a sus hijos ha primado, hasta ahora, en los Juzgados a la hora de decidir. Ese escrupuloso respeto al "derecho" paterno llega al punto de que el 97 por ciento de los hombres con orden de alejamiento por violencia machista obtiene un régimen de visitas judicial para los niños.
Los magistrados sólo deniegan el 3% de los casos en que hay menores de por medio, circunstancia que ha sido denunciada por asociaciones y colectivos que reclaman una revisión de los permisos, que, a veces, como sucedió el pasado jueves en San Juan de la Arena, acaban en tragedia.
En 2011, de 791 órdenes de protección en las que se había pedido suspensión de ese régimen, sólo se concedieron 49 (3,4%). En 2012, de 653, 57 (3,1%). En 2013, de 590, 23 (3,0%). En el segundo trimestre de este año se ha producido un leve repunte de denegaciones: de 151 órdenes de protección, han sido 11 suspensiones de visitas, un 3,2%, dos décimas más que en 2013.
La tendencia de las suspensiones del régimen de visitas es a la baja en los tres últimos años. De nada parecen valer las advertencias de los expertos. Con motivo de la celebración del "Día internacional contra la violencia a las mujeres", el pasado martes, Carmen Sanjurjo, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, revelaba que el Principado es, tras Cataluña, la segunda región de España en la que más órdenes de protección se deniegan, con un 57% sobre el total de las que se solicitaron en 2013, un dato que preocupa al Gobierno y a la sociedad.
La Red de Diálogos Feministas recuerda que Bárbara García, la madre de las dos niñas asesinadas en Soto del Barco, había solicitado orden de protección que le fue denegada. "Desgraciadamente hoy tenemos que acompañarla en su dolor, pero eso no nos impide gritar contra la lacra de la violencia, clamar por el cumplimiento de la ley como forma de protección", indica la asociación en un comunicado.
La plataforma exige al poder judicial que piensen que nunca un maltratador puede ser un buen padre. "Porque el agresor envía un mensaje de dominio y control tanto sobre la mujer como sobre los hijos e hijas, que a veces termina fatalmente en muerte, y que no sabemos cuándo eso va a ocurrir", destaca. "No hay mayor daño que dejar vivir a una mujer después de matar a sus hijos", dice Soledad Cazorla, fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer.
