10 de diciembre de 2014
10.12.2014

La Fiscalía pide que se lleve a juicio sólo a 7 de los 17 imputados del "caso Marea"

El ministerio público reclama que la causa se limite a Riopedre, Otero, Renedo y a cuatro empresarios implicados en el proceso por corrupción

10.12.2014 | 01:50

Cada vez se va cerrando más el cerco. De los 43 procesados iniciales en el "caso Marea" -una supuesta trama de corrupción dentro de la administración del Gobierno de Asturias durante el mandato de Álvarez Areces- parece que sólo siete serán los que sienten en el banquillo de los acusados. El Principado y la Fiscalía solicitaron, en los escritos enviados a la Audiencia Provincial de Asturias, encargada de realizar la fase intermedia en la que se encuentra esta causa, que abra juicio oral sólo contra 7 de los 17 procesados finalmente por el juez instructor, Ángel Sorando.

Así, tanto el ministerio público como el Gobierno regional confirman la imputación de José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación; María Jesús Otero Rebollada, ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras en la Consejería de Educación; Marta Renedo Avilés, ex jefa de servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de Cultura; los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, socio fundador de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández Álvarez, gerente de ASAC comunicaciones; y el empresario relacionado con la construcción y la ingeniería, socio del hijo de Riopedre, Antonio José Azorín Iglesias.

Ambas acusaciones coinciden en los delitos imputados a los tres cabecillas de esta supuesta trama. Por eso, tanto la Fiscalía como el Principado, personado en esta causa como acusación particular, acusan a Iglesias Riopedre y a su mano derecha, María Jesús Otero, de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, entre otros. En cuanto a Marta Renedo se le imputan los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos oficiales. Los dos empresarios asturianos, Muñiz y Sánchez, figuran imputados por los delitos de cohecho y fraude de fondos públicos. Maximino Fernández y Antonio José Azorín figuran como autores de los delitos de cohecho, estafa agravada y fraude de fondos públicos, entre otros.

Las razones de solicitar el sobreseimiento de los otros diez procesados por el juez Sorando es que no se encontraron indicios con suficiente entidad para mantener su imputación en la causa, y que seguir adelante con sus acusaciones solo serviría para ralentizar el proceso y alejarse de los verdaderos objetivos del juicio.

Ahora que la Audiencia tiene en su poder todos los escritos de acusaciones, Fiscalía y defensas, tendrá que estudiarlos y decidir qué procesados son los que finalmente se quedan en la causa y dictar la correspondiente apertura de juicio oral. Pero, tal y como apuntó a LA NUEVA ESPAÑA, el presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, José Antonio Soto-Jove, el pasado fin de semana, la extensión de los documentos y la dificultad de esta fase intermedia, no permitirán que el juicio se celebre "hasta finales de 2015 o principios de 2016". Además, subrayó que dada la complejidad de los hechos a juzgar, la cantidad de implicados y las numerosas pruebas que habrá que practicar durante el juicio, las sesiones "podrían extenderse durante más de un mes".

Una vez que la Audiencia se pronuncie y decida qué pruebas acepta y a qué personas sienta en el banquillo de los acusados en este primer caso de corrupción en el seno de la Administración asturiana, se abrirá otro nuevo episodio. En ese momento la fiscal y las acusaciones tendrán que presentar sus escritos de acusación en un plazo de diez días, que pueden ser ampliados tal y como contempla la ley. Esos escritos serán trasladados a las defensas, que tendrán que realizar sus correspondientes escritos para defender a sus clientes.

Una vez superada esa fase, los acusados podrán, en los tres días siguientes, plantear cuestiones procesales previas, entre las que estarán seguramente las peticiones para que se anulen las escuchas telefónicas que sirvieron para destapar el entramado. Algunas de las defensas mantienen que esos "pinchazos" no se justificaron debidamente y que tampoco se respetaron los plazos legales. Según algunos de los letrados de este caso, el proceso está viciado de raíz y están dispuestos a llegar hasta el Supremo para conseguir que se anule.

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