La trama del agua se desborda. La magistrada Elena González, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Avilés, ordenó el pasado día 4 la imputación de 23 representantes políticos de 15 concejos asturianos que pertenecen a los partidos PSOE, PP y Foro. Los concejales, alcaldes, un exdiputado regional y varios exalcaldes señalados por el grupo de delincuencia económica y tecnológica de la Policía Nacional en un informe fechado el 19 de febrero y que desveló en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA tendrán que empezar a desfilar por el palacio de Justicia de Avilés entre los próximos días 14 de abril y 26 de mayo, es decir, en plena campaña electoral de las Municipales.
Los 23 políticos señalados por la Policía Nacional -y ahora imputados- lo fueron por haber viajado y pernoctado en las ciudades de Madrid y Barcelona entre los años 2009 y 2013 a costa de la empresa Aquagest, que se dedica a explotar los servicios públicos de agua de 22 municipios del Principado. La compañía pertenece al gigante Aguas de Barcelona (Agbar) y como tal sociedad también se encuentra imputada en la causa que comenzó a investigar el juzgado Número 3 de Avilés a finales del pasado año 2012 cuando la Agencia Tributaria reclamó a un vecino de Avilés que pagase los impuestos de unas facturas que presuntamente había emitido después de realizar varios trabajos. Sin embargo, el vecino de Avilés llevaba fuera de España desde 2007, es decir, no había podido hacer las obras que se le imputaban. Esta fue la mecha que incendió un caso que está llamado a anegar la vida política del Principado en los próximos meses.
La magistrada avilesina imputa a los 23 políticos "la presunta comisión de un delito de cohecho y de tráfico de influencias en relación a las diversas estancias en hoteles sufragadas por la entidad Aquagest". La base en que la juez Elena González fundamenta la imputación de los cargos públicos es el informe del 19 de febrero, que es fruto del análisis de las facturas pagadas por Aquagest a una agencia mayorista de viajes. En el mismo informe los agentes señalan la presencia de políticos, pero también "empleados o directivos de Aquagest" (19). Ninguno ha sido citado a declarar como imputados. Los representantes políticos (y el alto funcionario municipal) salen en la relación de facturas y pernoctaciones que abonó Aquagest en los años de la investigación. Se da la circunstancia, también, de que al menos dos políticos ni siquiera viajaron: el concejal avilesino Teófilo Rodríguez, que tenía un consejo de administración ZALIA, y el alcalde de Ribadedeva entre los años 2003 y 2011, Alejandro Raimondez. De este dice la Policía en su informe: "Según responsables del hotel, la reserva fue cancelada, aunque consta en el listado de la [agencia mayorista]".
En este sentido hay que señalar que el exdirector general de Administración Local del Principado, Francisco José Balmori, reclamó a la jueza el pasado día 24 de febrero el "sobreseimiento libre y archivo" de las actuaciones llevadas a cabo contra el político socialista "por inexistencia de delito". Balmori está en la lista porque, aseguró ante la jueza, Aquagest abonó una estancia en el Hotel de Las Caldas de él y su mujer sin su consentimiento. Reclama "subsidiariamente" que se archive su imputación por "prescripción del delito". El cohecho impropio prescribe a los tres años. A este punto se sumó el presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego, imputado en la causa por la misma razón: dormir en Las Caldas a costa de Aquagest.
La instructora también ha vuelto a llamar a declarar a Roberto Santiago, actualmente está fuera de la política. Santiago ya estaba imputado por colaborar en la organización de un viaje La Coruña. También aparece en el informe del 19 de febrero, pero por haber viajado a Madrid para ir al fútbol. El diputado Matías Rodríguez no ha sido imputado, aunque está en el punto de mira.
