La reforma de la ley electoral asturiana pondrá coto a la actividad empresarial de los diputados regionales con la Administración y a la acumulación de cargos públicos en un político. Estas son las principales novedades de la propuesta presentada ayer por Ciudadanos al grupo de trabajo creado para negociar la modificación de la ley electoral asturiana. Las negociaciones en el parlamento asturiano enfilan su recta final hasta el punto de que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, avanzó ayer que el nuevo texto podría entrar en la Junta General del Principado para su tramitación parlamentaria antes de que acabe el mes de octubre.
La propuesta presentada por Ignacio Prendes (C's) endurece el régimen de incompatibilidades de la ley asturiana, que había quedado obsoleto y era bastante más permisivo que la normativa estatal a la hora de permitir la actividad empresarial de los diputados con la Administración. Ciudadanos plantea que la reforma asuma todas incompatibilidades que contiene la norma estatal, que establece la prohibición para diputados y senadores de tener actividad como contratista o fiador de servicios con la Administración o con empresas del sector público, o controlar más de un 10 por ciento de las acciones de sociedades que tengan contratos públicos. El partido naranja también defiende el fin de la acumulación de cargos en un mismo político con el lema "una persona, un cargo" de tal forma que los diputados regionales no puedan ser al mismo tiempo alcaldes, concejales, senadores o viceconsejeros.
La aprobación de esta reforma, destacó Ignacio Prendes, evitaría polémicas como las de la exconsejera de Bienestar Social, Esther Díaz, o del exdiputado de Foro José Antonio Martínez, por su vinculación con empresas que prestaban servicios a distintas administraciones públicas. El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, destacó ayer que de haber existido antes esta normativa "Javier Fernández no habría podido ser al mismo tiempo diputado regional y senador".
El grupo de trabajo prevé acabar las reuniones sobre la reforma electoral la próxima semana, cuando se debatirá, a petición de Podemos, sobre agilizar y facilitar la participación ciudadana en la política asturiana. "Queremos que los diputados tengan menos poder y los ciudadanos, más", resumió Ripa, quien planteó, a modo de ejemplo, que los ciudadanos puedan pronunciarse mediante referéndum en asuntos como "la construcción de la incineradora".
PSOE, IU y Ciudadanos se mostraron optimistas acerca de que la reforma de la ley electoral pueda prosperar. "Confiamos en conformar una propuesta para lograr una reforma razonable de la ley electoral", afirmó el portavoz socialista, Fernando Lastra. Gaspar Llamazares, de IU, fue un paso más allá y manifestó su convencimiento de que el texto íntegro de la reforma pueda entrar en la Cámara autonómica a lo largo de este mes de octubre. "Hay un mayoría cada vez más sólida", manifestó el diputado de la coalición, quien defendió la reforma electoral asturiana como "la más avanzada del país en la proporcionalidad del voto". Podemos pone como condición para apoyar la reforma el refuerzo de los mecanismos de participación ciudadana. El PP y Foro estuvieron en la reunión pero evitaron entrar en valoraciones sobre la reforma.
