El Gobierno regional e IU desbloquearon ayer el "momento crítico" de la negociación presupuestaria con un primer acuerdo en materia fiscal: la reforma del impuesto de sucesiones, con la eliminación del error de salto que se compensará con tarifas que favorecerán a las herencias modestas y la aplicación de tres nuevos tributos verdes, uno para los residuos industriales, otro para residuos urbanos y el tercero sobre las bolsas de plástico. La devolución a los empleados del Principado de un 26 por ciento de la extra suprimida en 2012 también ha contribuido a allanar el acuerdo, según admitieron ambas formaciones.

La reforma del impuesto de sucesiones lleva pareja la eliminación del error de salto, que existe en el sistema fiscal asturiano ya que mientras los patrimonios de hasta 150.000 euros están exentos de abonar ese tributo, las herencias de un solo euro más tenían que liquidar unos 18.000 euros. El acuerdo entre el Gobierno regional y la coalición conlleva, según precisó Gaspar Llamazares, "fijar unos baremos progresivos a partir de los 150.000 euros", una medida que pretende mantener el nivel de recaudación de ese impuesto en torno a los 147 millones de euros anuales. En la práctica, esa medida pasa por la modificación de las tarifas y no de los tipos, según confirmaron fuentes de la negociación. De esa manera se consigue una mayor progresividad del impuesto, ya que las herencias bajas se beneficiarán de la corrección del error de salto y las altas, en función de los nuevos tramos, pagarán más. El portavoz socialista en la Junta General, Fernando Lastra, reconoció que la corrección del error de salto corresponde a "un compromiso político" adquirido por el PSOE en la pasada campaña electoral autonómica.

La otra reforma fiscal sobre la que se asienta el avance de la negociación supone la creación de tres nuevos tributos ambientales a los residuos urbanos, los industriales y las bolsas de plástico de las medianas y grandes superficies. Estos impuestos se traducirán en un aumento de la recaudación en un millón y medio, según Llamazares. "No tiene un afán recaudatorio, se trata de una nueva cultura en la gestión de residuos", valoró el portavoz de IU, quien avanzó que habrá una moratoria de un año en los residuos industriales, "para que las empresas no se vean perjudicadas en sus previsiones y la Administración pueda elaborar un censo". Cuando estén en vigor los tres tributos la recaudación será de 3 millones para política ambiental.