El Consejo de Gobierno del Principado tiene sobre la mesa el borrador de un acuerdo entre las partes en el "caso Marea" de corrupción en la administración regional. El acuerdo afectaría a todos los acusados por la Fiscalía y el Principado, salvo el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, y evitaría el ingreso el prisión del resto de los implicados, incluida la exdirectora general María Jesús Otero, salvo la exfuncionaria Marta Renedo, dispuesta a aceptar una condena de entre tres y cuatro años de prisión.

Según este acuerdo, alcanzado entre las partes hace unos ochos meses, los acusados aceptarían los cargos y se comprometerían al pago de las responsabilidades civiles a cambio de una rebaja sustancial en la condena.

El Gobierno del Principado tiene que dar el visto bueno a este acuerdo, que evitaría el juicio a todos los acusados, salvo Iglesias Riopedre, al tratarse de una administración personada en la causa como acusación particular. Todas las acusaciones y defensas estaban de acuerdo, salvo el citado exconsejero.

Marta Renedo pidió la semana pasada a la sección tercera de la Audiencia que suspenda el señalamiento del juicio en tanto el Tribunal de Cuentas no establezca la cuantía de las responsabilidades.