El Gobierno destituirá al director general de la empresa de telecomunicaciones del Principado (GITPA) si la juez acuerda abrirle juicio oral por la supuesta "trama del cable", según confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez. El juzgado 4 de Oviedo instruye la denuncia de la Fiscalía Superior del Principado contra el anterior y contra el actual director general de esa empresa pública y a dos empresas que participaron en el proyecto para llevar el cable a las alas y al centro de Asturias, un contrato de casi 9 millones.
La Fiscalía ha apreciado la existencia de indicios de malversación, falsedad documental y prevaricación, delitos por los que ha denunciado al anterior gerente de la empresa autonómica Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, y al actual, Eduardo González, así como a las empresas Comfica, adjudicataria de la obra de cableado de la troncal occidental -entre Soto del Barco y Vegadeo-, y a Aggaros Serveis, contratada para la supervisión técnica del proyecto.
El portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez, afirmó que el anterior director general fue destituido por el Gobierno de Foro y al actual, "que no fue nombrado por este Ejecutivo", se le aplicará "la misma política que sigue tanto este Gobierno como la FSA ante los procesos judiciales": el listón fijado por Javier Fernández para adoptar decisiones drásticas en forma de destituciones por investigaciones sobre supuestos casos de corrupción es la apertura de juicio oral una vez concluida la instrucción.
Martínez, ante las acusaciones realizadas en la víspera por el PP asturiano al presidente del Principado, quiso recalcar que la investigación sobre las obras de cableado en la troncal occidental, en el centro y en el oriente "hace referencia a etapas anteriores a los dos gobiernos de Javier Fernández", precisó que el expediente se había iniciado en 2009, año en el que estaba al frente del Principado Vicente Álvarez Areces y subrayó que fue el Ejecutivo de Fernández el que trasladó las anomalías sobre ese contrato a la Fiscalía Superior. "El PP está desesperado por los casos de corrupción, por intenta crear un escándalo a partir de la información facilitada por el propio Gobierno", replicó Martínez.
