Engañados, sin información y a traición. Estos son algunos de los términos con los que varios afectados definen las reclamaciones del Principado por la deuda contraída por sus familiares, ya fallecidos, en Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Incluso adjetivos más duros como el que manifestó Ángel Rodríguez, avilesino, al tildar a los responsables de "golfos".

"Me dijeron por activa y por pasiva, en el ERA, que no se generaba ningún tipo de deuda tras aprobarse la ley de dependencia y que pagábamos en relación con la capacidad económica de la persona y el resto lo cubría la ley de dependencia. Llegó la sorpresa casi a los cuatro años de morir mi madre, cuando recibimos la notificación que tenía 12.500 euros de deuda", explicó Ángel Rodríguez, que tomó la voz cantante ayer en una reunión de afectados que promovió la diputada de Podemos Rosa Espiño en la sede gijonesa de la formación morada.

"Nos están engañando con la ley de dependencia porque no se cumple. Que se anden con mucho cuidado todos aquellos que lleven a sus familiares al ERA y que lo pidan por escrito que luego llegan deudas estratosféricas. Tengo una reclamación hecha desde julio de 2013 y sin respuesta", recriminó Ángel Rodríguez, que ya organiza una concentración de protesta ante la Junta del Principado el próximo 4 de marzo.

La frustración y la sorpresa se conjugaban en los rostros y las palabras de los presentes. También la impotencia al "sentirse engañados" por la administración. "Jamás se pusieron en contacto conmigo. Fue mi madre la que arregló los papeles, no intervine en nada. Nunca me dijeron nada y después de dos años de la muerte de mi madre nos piden 30.000 euros. No hay derecho, engañaron a la gente", reclama Ernesto Díaz.

Casos distintos, deudas dispares pero la misma indignación entre los presentes. "Estamos pagando 250 euros al mes para saldar la deuda en año y medio. Yo hubiera ido a los tribunales pero mis hermanos no querían. ¿Quién le hace un pulso al Principado? Nadie", manifestó Mari Paz González que, al ver tantos afectados, 3.634 expedientes pendientes de cobro y aún 2.142 que no han sido notificados, cree que "se puede hacer una denuncia conjunta". Una medida en la que ya trabajan para aunar esfuerzos.