La defensa del exlíder minero José Ángel Fernández Villa considera que Manos Limpias no pinta nada en la querella del SOMA y pide a la juez del caso que establezca una fianza de 70.000 euros para que ésta se persone como acusación popular". La juez Simonet Quelle Coto emitió en los últimos días un auto en el que aceptaba la personación de Manos Limpias, previo pago de una fianza de 7.000 euros.

Según la letrada de Villa, Ana García Boto, la presencia de Manos Limpias podría "distorsionar la marcha del proceso, llegando a la hipertrofia procesal como acostumbra". En el escrito que esta defensa ha presentado ante el Juzgado número 2 de Oviedo, que instruye la querella contra Fernández Villa por apropiarse de 360.000 euros del SOMA, la letrada llega a dudar de que Manos Limpias se trate de un verdadero sindicato, ya que, según dice, no figura en el registro de la ley de Libertad Sindical, "no presenta cuentas ni celebra las asambleas a que le obligan sus estatutos".

Añade que, "careciendo de objetivos sindicales en el sector de la minería y careciendo de la condición de ofendido o perjudicado, debe rechazarse la pretensión de personación como 'acusación popular' a una organización que lo único que pretende es hacerse publicidad gratis". En otro punto, saca a colación un fallo de Barcelona según el cual la actividad de Manos Limpias no es otra que "la de interponer denuncias".

El presidente de Manos Limpias en Asturias, José Alfredo García, calificó de "aberración" la petición de Boto. "Nos pone de vuelta y media, como si fuésemos el diablo con cuernos. La cifra que pide es desorbitada. No quieren que Manos Limpias se persone. Es para pensar que tienen miedo, que hay algo oscuro que tratan de ocultar", indicó García.

El "caso SOMA" sigue vivo. Hoy, jueves, comparecen ante la magistrada Quelle Coto cinco dirigentes del sindicato. Como investigado lo hará Pedro Castillejo, exsecretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide). Como testigos lo harán José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería; José Luis Alperi, actual secretario del SOMA y presidente de la Fundación Infide; Aquilino Ronderos, tesorero del sindicato; Jesús Sánchez, trabajador de Infide, y la que fuera secretaria personal del líder minero durante años, Carmen Blanco, que ya declaró en enero.