Pilar Fernández Pardo, expresidenta del PP de Gijón, quiere declarar en el "caso Pokémon" como perjudicada y no como investigada, tal como pretende la juez instructora, la gijonesa Pilar de Lara, que ha emitido una providencia para que se informe a la política popular de que está siendo objeto de pesquisas. Y contra las insinuaciones de un escrito anónimo que obra en poder de la juez de Lugo, afirmó: "Mi patrimonio, que es ganancial junto a mi marido, ha sido obtenido tras el trabajo y el esfuerzo de ambos a lo largo treinta años de trabajo, honradamente", remarcó Fernández Pardo a LA NUEVA ESPAÑA.

Fernández Pardo aseguró que quiere "colaborar con la juez" para aclarar cualquier duda que s ele haya suscitado. La juez ha decidido "invitar" a la expresidenta popular a declarar como investigada -esto es, acompañada de abogado- a la vista de los apuntes que figuraban en el ordenador del "conseguidor" de Aquagest, Joaquín Fernández. Éste apuntó una serie de gastos presuntamente sufragados por Aquagest en relación a dos partidos de fútbol de Sporting en Madrid y Barcelona -éste se había llevado a cabo en el puente de la Constitución de 2010-, asociados tanto a Fernández Pardo como a los exconcejales populares de Gijón Manuel Pecharromán y Francisco Cubiella.

Joaquín Fernández también apuntó en su ordenador una comida entre Fernández Pardo y el responsable de Aquagest para el Noroeste, Henry Laíño -también imputado en el "caso Pokémon"- que estaba prevista para el mes de abril de 2011. La citada comida se incluía en un apartado que recogía los "objetivos comerciales" para 2011, con reuniones con el PP y responsables de la EMA, tanteos al PSOE y otros encuentros en diferentes municipios de la región.

Otra de las razones por las que la juez Pilar de Lara ha invitado a Fernández Pardo a presentarse en el Juzgado a declarar en calidad de investigada es la existencia de un escrito anónimo, incluido en un informa elaborado por Vigilancia Aduanera, que da cuenta de una supuesta "operación de captación del PP de Gijón" para que Aquagest se hiciese con la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de la ciudad.

El escrito habla de las condiciones ofrecidas por Aquagest para esa privatización, que incluirían un "pago inicial, a fondo perdido, al Ayuntamiento de Gijón de diez o quince millones de euros y un canon fijo anual durante 30 o 50 años de una cantidad equivalente a los beneficios anuales medios de los últimos cinco años, con inversiones en activos fijos a negociar", tal y como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 4 de marzo.

"Basándose en las anotaciones de un comercial y en un 'anónimo' se pretende vincular a mi persona y mi patrimonio con un supuesto 'plan estratégico de Aquagest', lo cual es absolutamente falso", declaró la veterana política gijonesa, que conoció a través de este periódico que estaba siendo objeto de investigación. "Es falso que mi patrimonio provenga de ese plan para privatizar el servicio de aguas, que es un asunto del que nunca se habló en el seno del PP", añadió la expresidenta popular. "No voy a consentir que se ponga en duda la honradez de mi patrimonio a través de cualquier medio de comunicación, con el alcance y el perjuicio que dicha información pueda conllevar", remarcó Fernández Pardo. La juez De Lara también ha invitado a declarar como imputado a Francisco Rodríguez Cubiella, mano derecha de la expresidenta.

Fernández Pardo ha dado comienzo a la tramitación de una querella "en defensa de mi honor e imagen" en relación a la noticia publicada por este periódico ayer domingo.