La Junta General del Principado ha dado de paso esta mañana, con la única oposición del PSOE, una moción presentada por Podemos en la que la cámara rechaza expresamente la gestión de José Luis Iglesias Riopedre al frente de la Consejería de Educación y emplaza al Gobierno del Principado a valorar el quebranto causado por el "caso Marea" en las arcas de la Administración. El texto acordado pide que se amplíe la investigación al periodo comprendido entre 2003 y 2010 y que ésta incluya el informe con gastos por valor de ocho millones de euros, la mayoría en mobiliario, que el Ejecutivo aportó a la causa como asignados, después dijo que "por error", al Instituto de Administración Pública Adolfo Posada. La iniciativa, acordada su redacción mediante una enmienda transaccional firmada por todos los grupos a excepción de PSOE e IU, da al gobierno un plazo de tres meses para evaluar el daño y comprobar las inversiones en material y suministros efectuadas en el periodo considerado, así como para analizar las debilidades de la Administración que el "caso Marea" ha sacado a la luz. Podemos, grupo proponente de la moción, dio por "probado", por boca de su portavoz, Daniel Ripa, que las irregularidades afectaban "a todas las consejerías" y volvió a reprochar al Gobierno que mantenga el "aforamiento preventivo" del expresidente Vicente Álvarez Areces conservando su nombre en la lista socialista al Senado para las próximas elecciones del 26 de junio. El portavoz del grupo socialista, Fernando Lastra, cerró un debate de reprobación generalizada a la actitud del Gobierno en "Marea" reprochando una vez más a Podemos que haya asumido y utilizado las declaraciones que han hecho en el juicio los acusados en el ejercicio de su legítima defensa. "Usted no puede utilizar los argumentos de la acusada para convertirla en acusadora", le dijo a Ripa antes de asegurar que todos los informes que se piden en la iniciativa "están hechos". "Se aportaron 60.000 folios durante la instrucción al Juzgado de Gijón", concluyó.
