Los afectados por los Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) siguen recibiendo notificaciones de deudas, pese a la exigencia de la Junta General de suspender las liquidaciones mientras se revisan a caso a caso todos los expedientes. Así lo denunció ayer la plataforma de familiares, que se manifestó en Oviedo a las puertas de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales al grito de "al ERA le llega la Marea" o "el ERA se incauta de los ahorros de los ancianos". El colectivo se reunió con la titular del área, Pilar Varela, quien respondió con gesto de sorpresa a las quejas e insistió en que "el Gobierno cumple escrupulosamente el mandato" que los grupos parlamentarios dieron el pasado 4 de marzo.
Aunque el encuentro se centró en el estado de revisión de los 3.382 expedientes de reclamación de débitos, las familias también pusieron sobre la mesa "las irregularidades" en el trato a los usuarios de los geriátricos. Con respecto a las deficiencias en el servicio, el presidente de la plataforma, Ángel Rodríguez, expuso el caso de un residente en proceso de incapacitación al que se le niega el carné de identidad. "El hijo, que es el tutor, ha pedido a la residencia el DNI para salir con él de paseo y no se lo dan. Encima le trataron con chulería y le invitaron incluso a ir a los juzgados", explicó. Tanto la consejera Pilar Varela como la responsable del ERA, Graciela Blanco, se comprometieron a trabajar para que todos los mayores reciban "el trato adecuado".
Los afectados también trasladaron al Gobierno regional su petición de que "con el 75% de la pensión del residente más la ayuda a la dependencia, el copago quede ventilado". Sin embargo, según detalla Ángel Rodríguez, la Consejera aseguró en la reunión que "habrá que ver caso por caso". En este sentido, el colectivo exigió la realización de una auditoría externa al haber "mucho dinero en juego". La deuda máxima roza los 92.000 euros. "Queremos que el Principado reconozca que metió la pata hasta el fondo", afirmó Rodríguez.
Por su parte, la consejera de Servicios y Derechos Sociales recordó a los familiares que "el ERA no es un sistema gratuito" y que el Gobierno está cumpliendo la moción que la Junta General aprobó por unanimidad el mes pasado para suspender las liquidaciones. "Hace tres semanas comparecí a petición propia y voy a volver a hacerlo el lunes día 23 para explicar los avances que hemos dado. Esto va en serio", insistió. Varela detalló que "muchas personas están trabajando" en la revisión de los expedientes de aquellas personas que tenían reconocido el grado de dependencia y fallecieron antes de la entrada en vigor del decreto de copago en 2011. Asimismo, se están analizando los documentos de otros usuarios que siendo ya dependientes no se acogieron al sistema de copago hace cinco años. "Aquí no hay nada que ocultar. Y nadie tiene más interés en que todo salga bien que el propio sistema público", reiteró.
La plataforma de afectados por las liquidaciones del ERA acordó esperar a ver cómo transcurre el proceso para decidir si llevan la polémica a los juzgados o no. El portavoz, Ángel Rodríguez, destacó el "clima cordial" del encuentro -duró más de dos horas- y la "voluntad" de la Consejera de arreglar el problema.
