María José Otero, exdirectora general de Planificación de la Consejería de Cultura y una de las principales encausadas en el "caso Marea", era la que manejaba los hilos y decidía qué obras se hacían y qué material se encargaba a Almacenes Pumarín. O al menos en eso coincidieron ayer los testigos que declararon en la décimo tercera sesión del macrojuicio por el mayor caso de corrupción que se ha juzgado en el Principado.

Pero no sólo eso. Ayer se escucharon en la sala testimonios que apuntaban que Otero encargaba incluso obras para otras consejerías que se habían quedado sin presupuesto, y se llegó a apuntar que también se hacía cargo de abonos que correspondía a presidencia del Principado, cuando la ocupaba el socialista Vicente Álvarez Areces.

Los testigos que declararon ayer estaban convocados por la defensa de Alfonso Carlos Sánchez. El primero en testificar fue director de suministros de Almacenes Pumarín, quien indicó que el dueño de la empresa "no encargaba nada, ni siquiera verbalmente, porque no entendía nada de productos y además el sistema de calidad de la compañía no consentía órdenes de compra verbales". Señaló que el dueño de APSA, pariente lejano suyo, le había comentado que Otero era la interlocutora en la Consejería de Educación y que era ella la que decía el material que había que entregar, incluido un coche oficial para el Principado.

En su declaración afirmó que era Otero la que "mandaba" en la Consejería y que se "cometían irregularidades para lograr un funcionamiento más ágil, porque si se seguía la burocracia las cosas se ralentizaban en demasía. Y añadió que Otero era "muy diligente" y que resolvía "los temas muy rápido".

También señaló que él no tenía conocimiento de que se hiciera regalos a nadie, y que una máquina que adquirió la empresa Geogal, del hijo del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, "la abonó, según me contaron, porque tuvimos que acabar llevándolo a los juzgados para que pagara".

También confirmó que a final de año, si no se había gastado todo el presupuesto, se hacían facturas cuyo importe quedaba como remanente y se actuaba contra ellas al año siguiente.

Otro de los testigos, jefe de obras de CTC, filial de APSA, aseguró que en aquella época María José Otero "para mí era Dios". Al punto de que llegó a afirmar que hubieran saltado a la pata coja si ella se lo hubiera pedido. Pero añadió que se realizaron obras para otras consejerías por encargo de ella.

También señaló que en una reunión, la exdirectora general de Educación le había dicho a Sánchez, el dueño de la empresa, que había "unas facturas de Presidencia que había que pagar porque se había quedado sin dinero". Eso sí, matizó que entonces no sabía de qué hablaban. Añadió que "se cometían irregularidades" para conseguir mayor agilidad porque Otero era "muy diligente" y resolvía los problemas "muy rápido".

Este testigo también declaró que en APSA se inició una investigación interna cuando se destapó el caso de corrupción, y que fue cuando descubrieron que se habían hecho abonos a concesionarios y a agencias de viajes asociados a operaciones que dependían de Otero. "No entendíamos cómo el dinero había ido a personas físicas", afirmó antes de añadir que las filiales de APSA en el resto del país "no hubieran podido actuar como pantallas para defraudar; hubiera sido imposible", porque las obras a las que se presentaban estaban sometidas a criterios muy rígidos de adjudicación.