Llegó al Ministerio de Justicia en septiembre de 2014, tras la salida de Ruiz-Gallardón, al que agradece haber adelantado mucho trabajo. En Asturias se le conocía sobre todo por su trabajo en Fomento y la Variante de Pajares, a la que ha dedicado "muchas horas". Catorce reformas le contemplan. Una que no salió, la de los tribunales de instancia, afectaba a Asturias, pero se echó atrás. "La planta judicial viene del siglo XIX y habría que revisarla, pero sin quitar partidos. Las zonas rurales no pueden perder cercanía con el juez", cree. También considera que sería complicado dar marcha atrás en las transferencias. El PP no se embarcará en algo así. "No nos parece fácil ni viable políticamente", asegura.
-¿Comparte las críticas de algunos dirigentes de su partido sobre la actuación de los jueces en este periodo preelectoral, como la fianza al PP?
-En mi condición de ministro tengo que apoyar el funcionamiento normal de la Justicia, y si en algo estamos trabajando es para agilizarla, acortar los tiempos de la instrucción. Que la justicia funcione, a mi me parece una buena noticia. Puedo entender que, desde el punto de vista de una de las partes afectadas, dentro del debate político, se valore que en algunos casos se va más deprisa y en otros más despacio. Desde mi posición, lo que tengo que valorar es el buen funcionamiento de la Justicia y que se vayan dando los pasos para que las causas finalicen cuanto antes.
-El juez de la fianza, José de la Mata, fue alto cargo del PSOE. ¿Se puede limitar ese trasvase de la judicatura a la política y viceversa?
-El sistema actual permite que un juez esté hoy poniendo sentencias y en unos días forme parte de una candidatura, y que cese como diputado y vuelva de inmediato a su juzgado. Nuestro planteamiento va por la línea de establecer periodos. No se le puede suprimir a un ciudadano que es juez la posibilidad de dedicarse a la política, pero tampoco es razonable que haya un retorno al ejercicio de un poder independiente en el minuto uno tras abandonar la política. A diferencia de otros que han querido cuestionar la independencia de algunos jueces porque han colaborado con una fundación cercana al PP, el PP no ha planteado ninguna recusación frente al juez De la Mata, porque creemos en la independencia de los profesionales y que sus actuaciones van a acreditarla.
-¿Hay forma de despolitizar la Justicia? Sosa Wagner, por ejemplo, propone un Consejo del Poder Judicial por sorteo.
-Yo creo que se ha exagerado un poco la realidad. Tenemos en España una Justicia absolutamente independiente y profesional, y todos deberíamos contribuir a trasladar esa imagen.
-La percepción ciudadana es muy negativa.
-La estadística siempre da fatal. Yo creo que es una imagen distorsionada, y algo de culpa tendremos los políticos y los partidos. El sistema de elección del Consejo posiblemente ayudaría a modificar esta percepción. En esta próxima legislatura tenemos que abordar esa elección de los vocales para intentar superar esa supuesta asociación con los partidos, porque está haciendo mucho daño. No me parece que la solución sea un sorteo, la verdad. Hay sistemas alternativos, hemos tenido varios.
-¿Cómo ha sido pasar de Fomento a Justicia?
-En Fomento fueron tres años intensísimos. Hemos hecho con la ministra Pastor un trabajo muy complejo para mantener la obra pública y fomentar la política de vivienda y de transporte en un escenario económico muy complicado. Yo soy abogado y pasar a Justicia ha sido como un retorno a casa. En año y medio hemos hecho 14 reformas, y muchos acuerdos con los profesionales. Y he podido hacerlo por el gran trabajo de mi antecesor (Alberto Ruiz-Gallardón), que ha generado críticas, pero que dejó muchas piezas elaboradas.
-En Asturias, su apellido se liga a la Variante de Pajares.
-Sí. Le he dedicado muchas horas a intentar encontrar con los expertos soluciones técnicas para la sostenibilidad de los materiales, las filtraciones, la instalación de vía... Llevamos invertidos más de 3.500 millones de todos los españoles, y el compromiso de Fomento es tener instalado cuando antes al menos uno de los tubos del túnel y tener en uso una inversión tan importante.
-¿Lograrán los fiscales revisar todos los casos antes del 6 de junio, como les exige la puesta en marcha de la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal?
-Estoy convencido de ello. Se va a poder hacer, porque es posible. El planteamiento no era utópico, no era irreal. Hay una comisión de expertos de derecho procesal que plantearon que ponerle seis meses de plazo a la instrucción era realista. El proyecto que dejó sobre la mesa el último ministro socialista, Caamaño, decía eso mismo. Hemos hecho un compromiso con la calidad, con la agilización. Lo importante es el ciudadano. Hay personas que tienen una causa penal incoada hace muchos meses y que está semiparada. El empujón que le da el artículo 324 de la nueva ley a la dinamización de las causas, va orientado a que los ciudadanos vean una respuesta rápida.
-Por otro lado, los fiscales han pedido una moratoria en la universalización de Lexnet.
-Nos parecía que el sector de la Justicia se había quedado muy atrasado en el uso de herramientas tecnológicas habituales en la sociedad española del siglo XXI. Implantar nuevas tecnologías se ha convertido en uno de los grandes proyectos de la última etapa del Gobierno. Como la mejor manera de obligarnos a hacer las cosas muchas veces es poner un plazo, por eso dijimos que, el 1 de enero de 2016, todas las comunicaciones de los abogados y los procuradores deberían ser en soporte electrónico, y trabajamos mucho para ello.
-Ha habido fallos.
-Seguro. Cuando un banco o un periódico cambia de sistema, hay un periodo de transición. En mayo ha funcionado mejor que en enero, y en septiembre estará mucho mejor. Llevamos ya 27 millones de notificaciones hechas con el soporte Lexnet, una barbaridad. Que hay un día que se cuelga a las once de la mañana, pues sí. Estamos trabajando para que no suceda. Había que comprometerse entre todos a mejorar la justicia, y eso significa utilizar las nuevas tecnologías.
-El problema es que en Justicia hay más administraciones implicadas. Hay quejas por falta de inversión del Principado.
-Hay mucho debate sobre si era necesario haber transferido la gestión de medios materiales y personales. Lo cierto es que le Principado tiene las competencias. No sé si lo que se están gastando es lo mismo, actualizado en términos monetarios, que lo que gastaba el Ministerio, si gasta más o menos. Ya sé que hay quejas sobre los medios materiales. En lo que tiene que ver con las aplicaciones informáticas, le hemos hecho un planteamiento a todas las comunidades para tener un sistema único para todos. Estamos intentado, sin que haya ningún proyecto político en torno a ello, simplemente de eficacia, tener un sistema común, que el ministerio proveerá y financiará, para que los funcionarios tengan mejores herramientas.
-¿Puede haber marcha atrás en las transferencias?
-Es muy complicado. Todo es posible, pero haría falta un consenso generalizado. Políticamente sería muy difícil. Quizá para las comunidades que las han obtenido recientemente, como Cantabria, Asturias o La Rioja, podríamos hablar de ello. No es muy relevante para estos gobiernos, ni financiera y políticamente. Pero para otras comunidades no sería tan fácil. No es un proyecto al que vayamos a darle prioridad. No nos parece fácil ni viable políticamente.
-¿Qué fue del proyecto de tribunales de instancia?
-Surgió de una comisión de expertos, pero que cuando constatamos la tensión y el conflicto que generaba, lo abandonamos. Es verdad que la planta judicial viene del siglo XIX y España ha cambiado mucho. Habría que revisarla, pero sin suprimir partidos. Se pueden crear órganos de orden provincial que den más eficacia, centralicen las materias, pero eso no puede significar que los habitantes del ámbito rural pierdan cercanía con la Justicia.
-¿En qué medida están garantizados los derechos de autor en un panorama tan abierto en las nuevas tecnologías?
-Hemos intentado revisar los tipos en la última reforma de Código Penal. Se nos escapaban algunas empresas que violentaban los derechos de autor, cobrando a través de publicidad. Hemos incrementado las penas, y creo que se ha mejorado. Las nuevas tecnologías permiten una utilización muy abierta de los contenidos. Eso hay que protegerlo. Un último elemento es la sensibilidad de la sociedad hacia los autores. La sociedad evoluciona y los respeta más. Las reformas legales que hemos hecho, algo ayudan.
-¿Se instrumentaliza la Justicia en un sistema tan garantista como el nuestro?
-Tenemos un sistema de garantías muy amplias. Un juez que recibe una acción, instruye la causa, jamás la rechaza de plano. Si la causa se archiva posteriormente, puede haber una percepción de que, quien ha planteado esa acción, ha podido cometer un abuso de derecho, una utilización de unas herramientas sin fundamento. Existen instrumentos, como la condena en costas, que permiten disuadir a quien quiera hacer un mal uso. También puede haber condenas por denuncia falsa. De cara a la próxima legislatura, queremos trabajar en instrumentos como la mediación, el arbitraje, la jurisdicción voluntaria, de forma que la gente no termine en el Juzgado por una discusión con un vecino o una deuda de 200 euros, que poner en marcha el mecanismo de la Justicia ya cuesta más que eso. Ya se están dando experiencias de mediación que están funcionando bien.
