Más de doce mil funcionarios y empleados públicos del Principado que tienen contacto de manera habitual con menores deben acreditar antes del próximo día 20 que no tienen antecedentes por delitos sexuales. La consejería de Hacienda y Sector Público ha aclarado en una resolución los pasos que han de dar los empleados de la administración para cumplir la ley de Enjuiciamiento Civil. La normativa afecta, sobre todo al personal de los colegios públicos, pero también al de otros departamentos en los que es frecuente el trato con los niños. La plantilla de la sanidad está excluida, ya que tiene otras reglas.
La ley de Enjuiciamiento Civil incorporó el pasado mes de enero nuevas medidas de protección al menor, entre las que está incluida la prohibición de que los empleados de organismos y entes públicos que trabajan de manera habitual con niños y menores tengan antecedentes, en forma de sentencia condenatoria firme, por delitos sexuales.
La consejería de Hacienda y Sector Público dictó el pasado 24 de mayo una resolución sobre los pasos a seguir por el personal para acreditar que no han sido condenador por sentencia firme por algún delito contra la libertad y la indemnidad sexual (acoso, agresión y abuso sexual , exhibicionismo, provocación sexual y corrupción de menores).
Esta resolución es de aplicación para el personal, al servicio del Principado, tanto docente como no docente, que trabaja en la educación pública y también para los empleados del juzgado de menores, el centro de responsabilidad penal de menores "Sograndio, el personal de la residencia juvenil Ramón Menéndez Pidal y para las plantilla de las unidades de atención infantil temprana y del Instituto Asturiano para la atención integral de la infancia.
Los trabajadores de estos centros tienen dos formas para acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales: presentar de manera individual una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales o bien dar el consentimiento expreso para que el Principado pueda acceder al servicio electrónico de consulta del Ministerio de Justicia.
