El aumento de la plantilla del Principado genera división de opiniones en los partidos políticos de Asturias. El PP critica que el Gobierno regional no haya destinado el aumento de su plantilla a reforzar servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, mientras que IU sostiene que la recuperación de las plazas objeto de recorte forman parte del acuerdo de investidura pero admiten que falta garantizar la estabilidad. Ciudadanos lamenta las elevadas tasas de interinidad y Podemos defiende que gran parte de las contrataciones se ha realizado en el último año y corresponden a ofertas de empleo pendientes desde hace años.
El "Boletín de Personal al servicio de la Administración" atribuye al Principado una plantilla total, en 2016, de 35.865 trabajadores, casi los mismos que contabilizaba en el año 2010, cuando la crisis económica empezó a hacer mella en el empleo público, año en el que volumen de puestos en la administración autonómica ascendía a 35.921. Según el desglose de esos datos, el Principado tiene hoy, seis años después, menos personal en las consejerías, en la sanidad y en la educación.
El PP mantiene desde hace años un discurso crítico con el tamaño de la administración asturiana y, sobre todo, con el de su sector público empresarial. Ahora, a la vista de los "datos oficiales", Luis Venta, secretario de organización y funcionario de carrera, reprocha que el aumento de personal en el Principado "no haya servido para mejorar las plantilla de la sanidad y la educación" o de entidades que tienen como misión fiscalizar el gasto público como la Sindicatura de Cuentas. "Han tenido margen para ampliar el personal de los servicios básicos pero qué casualidad, todavía están por debajo del volumen que tenían en 2010", apuntó Luis Venta.
El diputado de Podemos, Enrique López, sostiene que los datos globales de ese informe oficial "son muy matizables". López, también funcionario, precisa que la comparativa global respecto a 2015 "se compensa fundamentalmente por el aumento del personal en el ámbito de la administración de Justicia, donde en estos últimos años se equilibró la plantilla en 234 efectivos, producto de desajustes que se arrastraban " y también con 295 contrataciones en el sector sanitario, "donde ya no es posible mantener durante más tiempo las vacantes sin cubrir". El parlamentario de la formación morada añade que dichos contratos "son producto, en buena medida, de ofertas de empleo que llevaban varios años pendientes. López, por último, destaca que hay 254 profesores menos y un déficit de 331 puestos en las consejerías.
El portavoz de IU, Gaspar Llamazares defendió la recuperación del empleo público que había sido objeto de recorte. "Forma parte del acuerdo de investidura pero falta garantizar la estabilidad con la convocatoria de todas las plazas en servicios públicos que permita el índice de reposición así como los derechos y salario pendientes y las 35 horas". Nicanor García, de Ciudadanos, defiende que hay margen para mantener las tasas de reposición porque, en su opinión, "la asignatura pendiente pasa por la reorganización de la administración, que permita eliminar las duplicidades".
El PSOE asturiano eludió ayer valorar la evolución del empleo público del Principado que refleja el citado informe.
