Un suspenso en suspenso. El plagio de un trabajo fin de grado, defendido en la convocatoria de junio de 2015, acaba de poner en evidencia las fugas del sistema universitario ante una violación de los límites de la propiedad intelectual. No en vano, la acción de una alumna que ese curso finalizaba sus estudios superiores implica una doble problemática que ha sido objeto de consulta a los servicios jurídicos de la Universidad. El trabajo fue aprobado por el tribunal evaluador, de manera que la alumna finalizaba así sus estudios de Trabajo Social y solicitaba el título de grado correspondiente. Primer conflicto: la autora del trabajo había finalizado su etapa universitaria.
Su investigación era una copia casi idéntica de otro trabajo fin de grado, también de Trabajo Social, presentado un año antes. Cuando se solicitó al tutor de la autora del plagio un ejemplar del trabajo para estudiar si efectivamente se había copiado de otro se advirtió la existencia de "muchas similitudes" entre ambos. El reglamento de la Universidad recoge que la realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implica automáticamente el suspenso. Además, en caso de fraude, el profesor que haya detectado una irregularidad podrá elevar el caso a la comisión de gobierno del centro. Pero cuando el asunto se pone en manos de los servicios jurídicos de la Universidad es el último trimestre de 2015. La alumna había finalizado sus estudios en junio con la presentación del controvertido trabajo y ya no tenía vínculo con la institución académica. Segundo conflicto: imposible aplicar la normativa de la comunidad universitaria a alguien ya no pertenece a ella.
Si bien el dictamen tiene un carácter "orientativo", la única posibilidad de actuación en este caso, aseguran desde los servicios jurídicos de la Universidad, es a través de la revisión de oficio de la calificación del trabajo fin de grado. En ese caso el procedimiento finalizaría con la correspondiente resolución del Rector declarando la nulidad o la anulación de la calificación otorgada. Pero en esta ocasión la alumna había finalizado ya sus estudios y solicitado el título perdiendo así su condición de alumna de la Universidad de Oviedo, y, por tanto, el sometimiento a la normativa que rige en la institución académica. "Ya no cabe exigirle responsabilidades disciplinarias", reconocen desde los servicios jurídicos.
Tercer conflicto sobre la Mesa: ¿Cómo acabar con el estudiante plagiador? Algunas universidades españolas ya destinan parte de sus ingresos a contratos de tecnología para evitar el afamado "copia y pega" (copy&paste), amado por los estudiantes, odiado por los profesores. En la Universidad de Oviedo se propuso desde algunos centros la posibilidad de incorporar un programa antiplagio, propuesta que nunca se llevo a término.
Los sistemas antiplagio, instalados bajo licencia, con un coste aproximado de unos 9.000 euros por año, no son más que aplicaciones informáticas que, a partir del análisis de un trabajo, emiten un informe sobre las coincidencias de partes de dicho documento con una base de datos y con textos públicos accesibles desde Internet y permiten conocer con exactitud los niveles de contenido no original. Actualmente, 31 instituciones educativas usan estas aplicaciones, 21 son universidades y 14 son centros de secundaria. De tenerla en la Universidad de Oviedo, el cuestionado trabajo fin de grado en Trabajo Social no habría recibido el visto bueno.
