La defensa de José Ángel Fernández Villa acaba de solicitar la anulación del examen neurológico practicado el pasado viernes por el doctor Alfredo Robles en casa del ex sindicalista. Vuelve a insistir en que su realización debería habérsele notificado personalmente a Villa y en un plazo de dos días desde que fue ordenado por la juez instructora. En un recurso de reforma y subsidiario de apelación -lo que significa que, una vez que sea presumiblemente rechazado por la instructora, tendrá que ser estudiado por la Audiencia-, la letrada Ana García Boto crítica las formas de la magistrada Simonet Quelle Coto y niega que haya estado poniendo palos en la instrucción de la querella del SOMA, como le indica la juez en su última providencia, e indica que las últimas decisiones judiciales provocan indefensión.

La juez rechazó la presencia de la defensa durante la realización de la prueba, algo que también considera esta defensa como una causa de nulidad. También critica que haya estado presente el fiscal para velar el cumplimiento de la resolución judicial, porque entiende que ese cometido corresponde a las fuerzas de seguridad. Además, considera fuera de lugar las instrucciones dadas por la magistrada a la familia de Villa de cara a las condiciones en que debía realizarse el examen - en una habitación, sin interrupciones de ningún tipo- al tratarse de personas ajenas al proceso.

Boto vuelve a insistir en que la incomparecencia de Villa al examen previsto para el pasado día 4, en los Juzgados, estuvo perfectamente justificada por no habérsele comunicado personalmente y por haber trascendido la fecha de la misma, dado que su secreto era esencial para "evitar el circo mediático" y preservar la dignidad de una persona enferma a la que, dice, se la ha llegado a fotografiar en camilla cuando salía del hospital. Pese a que la juez estimó que su citación a la prueba había sido válida e indicó a la defensa de Villa que no le abría diligencias por desobediencia únicamente por tratarse de la primera incomparecencia, Boto insiste en que no se convocó al investigado de forma legal y que no ha llevado a cabo maniobra dilatoria alguna.