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La "inseguridad jurídica"

¿Qué son los planes locales de empleo?

Una línea de ayudas que se convoca desde 2000 y en la que el Principado moviliza este año 9,7 millones de euros para que los ayuntamientos contraten temporalmente a parados de larga duración o personas en estado de exclusión social. El programa se dirige prioritariamente a mayores de 45 años y privilegia a otros sectores como las mujeres víctimas de violencia de género.

¿Cómo surgieron los problemas?

Comenzaron en 2010 en Avilés. Los beneficiarios denunciaron al entender que se estaba cometiendo un fraude de ley, ya que se les encargaban tareas propias de la plantilla municipal. La sentencia favorable originó una cascada de procesos. Sin capacidad para integrarlos, los ayuntamientos se ven obligados a despedirlos, indemnizándolos. Desde la retirada del contrato de inserción, en 2006 , se les aplica el de obra y servicio, menos asimilable a este tipo de trabajos.

¿Qué propone el Principado?

Ha tratado de que no tenga la consideración tanto de un programa laboral como formativo, elaborando por primera vez una convocatoria en la que combina el trabajo con itinerarios personalizados de orientación para el empleo.

¿Qué dicen los ayuntamientos?

Los grandes cuestionan que esa solución dé seguridad jurídica al programa sobre todo por el mantenimiento del tipo de contrato, por obra y servicio, que depende de la normativa estatal.

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