21 de diciembre de 2016
21.12.2016

El parte médico para que ciegos y sordos puedan casarse chirría a los expertos

El letrado José Luis Costales cree que esa reforma del Código Civil choca con la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad

21.12.2016 | 01:38

Los abogados expertos en Derecho Civil y discapacidad se echan las manos a la cabeza con la reforma del Código Civil que entrará en vigor en junio del año que viene, por la que un ciego o un sordo que quieran casarse tendrá que presentar un dictamen médico que acredite "su aptitud para prestar el consentimiento". El artículo 56 de la reforma hace extensiva esta autorización a los afectados por "deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales", y deberá ser exigida "por el secretario judicial, notario, encargado del registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente". Algunas asociaciones de discapacitados ya han comenzado a moverse contra este artículo y hay quien vaticina que, si no se modifica, podría declararse inconstitucional.

Según el letrado gijonés José Luis Martínez Costales, que viene trabajando desde hace veinte años con diversas asociaciones de discapacitados, este artículo "choca contra la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Convención de Nueva York, a la que España se adhirió en 2008". Para el abogado se trata de "una barbaridad, un gazapo del legislador" que duda mucho que vaya a aplicarse. "Un ciego, por muy ciego que esté, tiene plena capacidad. Me parece una barbaridad que se exija a los discapacitados sensoriales, pero, si se me apura, también a los mentales e intelectuales", añadió. Y es que, tras la citada Convención de Nueva York, "las personas con discapacidad con capaces a todos los efectos, aunque con limitaciones en determinados aspectos para los que necesitan apoyo". Hace unos años, las incapacidades podían ser absolutas; ahora son limitadas y tiene que establecerse mediante sentencia judicial en qué aspectos está limitada la capacidad. "Puede haber una persona incapacitada pero que conserva el derecho a votar o a testar. A partir de ahora, en los procesos, habrá que pedir que se decrete que la persona es capaz para contraer matrimonio, por si acaso", añadió.

La abogada experta en Derecho Civil Montserrat González Rufo aventuró que la reforma trata de "asegurarse de que la persona discapacitada no es objeto de explotación o abusos, redunda en una mayor seguridad jurídica". Y añade: "Todo lo que sea garantizar derechos, me parece bien, aunque el afán de protección puede llevar a inmiscuirse en la esfera privada de la persona. Quizá estemos ante un exceso de celo".

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