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IU y Podemos ven "bochornoso" obligar a los militantes a contener sus críticas

PP y Foro ponen el límite en la "descalificación", y Ciudadanos admite el reproche interno si no atenta contra la imagen de la organización

La sentencia en la que el Tribunal Constitucional respalda la decisión del PSOE asturiano de expulsar en 2006 a la escritora Susana Pérez-Alonso ha renovado el debate sobre el nivel de aceptabilidad de la crítica interna en las fuerzas políticas.

El fallo es pionero por la audacia infrecuente de permitir a los jueces entrar a enjuiciar el fondo de una decisión disciplinaria organizativa de un partido y recibe más reproches a la izquierda que a la derecha del panorama parlamentario asturiano.

Más allá de la celebración del PSOE, parte interesada en una resolución que considera "esclarecedora" sobre los límites que no debe traspasar un afiliado que se une "voluntariamente" a un partido, la oposición a los argumentos de la resolución se concentra en IU y Podemos, mucho más abiertamente beligerantes que Ciudadanos y que las fuerzas de la derecha con una decisión que asienta la doctrina que regirá en el futuro las relaciones entre los aparatos y las bases de las organizaciones: la sentencia sienta jurisprudencia sobre la obligación de los afiliados de "contenerse" en sus amonestaciones públicas.

A falta de un análisis profundo de la resolución, pero sin ninguna duda sobre cuál debe ser el derecho prevalente en este conflicto, el secretario de organización de IU en Asturias, Alejandro Suárez, encuentra el fallo "anacrónico" y ajeno a los tiempos y a las demandas de la sociedad. La sentencia, sostiene, "analiza al militante dentro de una milicia y eso no debe ser así".

Al ejercicio condicionado de la crítica que propone el Constitucional opone Suárez que "los partidos, igual que los gobiernos, han de acostumbrarse a lidiar con la libertad de expresión", que "no hay otra fórmula que garantice una sociedad democrática" y que siempre "es preferible pagar los excesos de la libertad de expresión que los costes de su restricción".

El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, prefiere "bochornoso" como adjetivo para denostar este intento de "limitar derechos fundamentales a causa de la militancia en un partido". La sentencia ampara el castigo a una militante que criticó públicamente la eliminación de las primarias para elegir a la candidata socialista a la alcaldía de Oviedo en 2006, pero se divulga en este presente de socialismo convulso en el que Ripa la valora como "una barbaridad con un objetivo político, blindar al aparato del PSOE frente a toda posible disensión interna".

El diputado da por hecha la intencionalidad del momento de la divulgación del fallo y advierte de que "puede tener consecuencias abrumadoras para los militantes críticos con la gestora del PSOE". A su juicio, "sentencias como esta son malas para la democracia y corren el riesgo de avalar y extender este tipo de conductas represivas a todos los partidos. Son una barra libre para la limitación de las libertades".

La intensidad de la crítica se modula en el resto de las formaciones y Nicanor García, portavoz de Ciudadanos, traza los límites de la crítica política con la certeza de que "militar en un partido es un acto voluntario" que implica cierto sometimiento al régimen de funcionamiento de la organización. Es en esas condiciones donde se admite que el afiliado pueda "intentar cambiar mediante la crítica constructiva aquellas cuestiones del funcionamiento interno con las que esté en desacuerdo" siempre, matiza, que "con sus manifestaciones no atente contra la imagen externa del partido".

PP y Foro sitúan el límite de la admisibilidad de la discrepancia política interna en algún punto similar de la descalificación o el insulto. La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, se limita a asegurar que "se debe encontrar alguna fórmula para conciliar la expresión libre de las ideas con la articulación de un muro de contención que ponga coto a las faltas de respeto" y la presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, detiene su análisis en la convicción de que en el debate político "no hay discrepancia que no pueda plantearse como una crítica constructiva".

También en su opinión "el límite está en la descalificación personal o profesional, normalmente interesada".

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