09 de febrero de 2017
09.02.2017

"No existe una vigilancia preventiva contra el fuego", denuncia la guardería

Los agentes lamentan la "descoordinación" de su trabajo e incluso su jornada laboral: vigilan el monte en horario de oficina

09.02.2017 | 01:54
El director del Indurot, Jorge Marquínez, ayer, en la Junta.

"La vigilancia preventiva de los incendios forestales no existe". En el monte, esta queja de los guardas del medio natural es un clamor de años sin respuesta. En la Junta General del Principado, la "policía del medio ambiente" hizo ayer que se oyera mejor su protesta. No les consta, dijeron ante la comisión que investiga la oleada de quemas de diciembre de 2015, que se hayan activado en Asturias mecanismos eficaces de prevención del fuego. El presidente de la asociación profesional que los agrupa fue un paso más allá, hasta dar por hecho que de haberlos habido "nunca habría podido desencadenarse la situación que se desató" hace un año y echa en falta protocolos sobre cómo colaborar con los servicios de extinción una vez que se declara el fuego. Les duele, entre otras, la paradoja a la que les aboca la Administración: vigilan el monte en horario de oficina.

Su jornada laboral de funcionario es uno de los indicios de "descoordinación" y "desorden" que ayer desmenuzaron casi sin fisuras Manuel Fernández Fabián, presidente de la Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural de Asturias (AGUMNPA), y el agente Miguel Garrido. Su horario, de nueve a dos con carácter general, con dos tardes a la semana, deja el monte sin vigilancia a eso de las siete, en las franjas vespertinas donde dicen las estadísticas que más se quema, facilitando la labor del incendiario, aventura Fernández Fabián", y acaso su "sensación de impunidad". Garrido propondría trabajar "en tres turnos", como advierte que pasa por ejemplo en Madrid, si al instante no dejara patente que para eso "no hay personal suficiente".

Los diputados escucharon dos veces, en las voces de los dos comparecientes, cuánto le cuesta a la guardería ejercer las competencias que tiene atribuidas de "custodia y vigilancia de los recursos naturales". Además de evidenciar la inexistencia de dispositivos de prevención, ambos se extendieron en el relato sobre otras ausencias: cuando sobreviene lo que no se ha previsto, tampoco tienen un protocolo establecido de cómo la guardería, que conoce el terreno "como la palma de la mano", debe asesorar a las brigadas de extinción de incendios cuando se declara uno en la zona donde trabajan. Los servicios de emergencias les requieren para que colaboren, pero en la práctica el tipo de cooperación se improvisa. "Todo acaba dependiendo de la relación personal entre el personal de extinción y la guardería", dice Garrido. "Te vas coordinando tú a ti mismo, con lo que te da a entender tu experiencia y tu conocimiento", apuntala el argumento Fernández. "Es una situación tan increíble que resulta difícil de explicar".

"Debe revisarse el sistema", abunda. "Los lodos que nos están enfangando ahora vienen de hace mucho tiempo. Los bomberos y los agentes no podemos estar en el monte como si fuésemos entes independientes. Parece que trabajamos por nuestra cuenta". Hablan también del tiempo que tienen que dedicar a tareas administrativas o de la dificultad de armonización de un colectivo de 240 agentes que reparten su dependencia orgánica por cuatro direcciones generales diferentes.

Al llegar a la catástrofe natural de diciembre de 2015, Fernández se dice persuadido de que la falta de prevención y seguimiento de los incendios activos ejerció en parte como acelerante del fuego y coincide con Garrido en que el índice de riesgo activado por la Administración, que sólo subió del 3 al 4 sobre un máximo de 5 en aquel sábado en el que se multiplicaron los focos, "no se correspondía con la realidad".

Ese cálculo es responsabilidad del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), cuyo presidente, Jorge Marquínez, explicó ayer ante la misma comisión que el índice -que se mide integrando la previsión meteorológica con datos estadísticos sobre la recurrencia de los incendios- incluía aquel día una previsión de lluvia para la jornada siguiente que no se cumplió, que se calcula por comarcas y el riesgo del Noroccidente era 4 aunque el conjunto de la región estuviera en 3 y que fue adecuada la decisión de elevarlo sobre la marcha, aquel mismo sábado, por la inusitada simultaneidad de focos. Pero las mejoras objetivas que necesita el índice, y entre las que él cita "ajustar el protocolo para que su comunicación siga un procedimiento más ágil" -se divulga a las 9.55 horas el del día siguiente-, "no tuvieron", razona, "mucho efecto en el problema, derivado de que hubo en esos días una voluntad de quemar".

Asiente Marquínez a la pertinencia de efectuar mejoras en los mecanismos de prevención del fuego y se encuentra aquí con el investigador del Indurot Miguel Ángel Álvarez, que ilustró a la comisión con su visión sobre la pertinencia de "mejorar los protocolos" en las tareas preventivas, donde "queda mucho por hacer", dijo, particularmente en el ámbito de los grandes incendios. El experto hizo votos por implicar en esta labor a los colectivos de ganaderos con planificaciones a diez años y a los servicios de Protección Civil, propuso eliminar de las ayudas de la PAC los suelos que hayan sido quemados con reiteración, un simulacro de grandes incendios o una "normativa regional específica sobre el combustible" en los suelos próximos a las zonas urbanas y habitadas, donde hay, dijo, "bombas de relojerías permanentes".

El ganadero Luis Fernando Marrón, coordinador de Usaga, cerró la sesión lamentando la "criminalización" del colectivo, aludiendo a la "matorralización" como agente esencial de propagación del fuego y aludiendo a los "otros intereses", y no sólo los de la madera, "en torno al fuego y al humo". "El medio rural", terminó diciendo a los diputados, "está caducando mientras ustedes hacen comisiones".

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