La batalla de los registros civiles no ha terminado. El Principado deberá decidir la reorganización de este servicio, con la condición de que como mínimo debe haber uno por provincia, al que se puede añadir otro por cada 500.000 habitantes, según las últimas instrucciones del Ministerio de Justicia. Los sindicatos ya han remitido un escrito al Gobierno regional advirtiendo de que no aceptarán recortes "que afectarán a la ciudadanía y a más de 160 trabajadores" en Asturias. "Daremos la batalla", aseveraron.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, decidió en abril de 2015 paralizar la privatización del registro civil, enmendando así un proyecto que había iniciado Alberto Ruiz-Gallardón para transferir el servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, lo que significaba cobrar por inscribir los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. Según algunos cálculos realizados entonces, un certificado habitual, como una fe de vida, costaría entre 20 y 30 euros; un duplicado del libro de familia se situaría entre los 100 y 150 euros; obtener un acta matrimonial, entre 90 y 100 euros, y la inscripción de las comunidades vecinales, superaría los 300 euros.
Las movilizaciones de los funcionarios de Justicia y la oposición sindical y política obligaron al PP a abandonar su proyecto, que el Congreso paralizó en junio de 2015. En octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la privatización por decreto-ley del Registro Civil.
El Ministro de Justicia presentó hace solo unos días una nueva propuesta a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial: serán ellas las que tengan que abordar la reorganización, con un mínimo de un registro civil por provincia que se puede ampliar en uno más por cada 500.000 habitantes.
La Plataforma sindical de Justicia, en la que están representadas todas las organizaciones sindicales, ya remitió un escrito al Consejero de Presidencia y Justicia, Guillermo Martínez, interesándose por la decisión que adoptará el Principado, y advirtiendo de que están "dispuestos a dar la batalla" si opta por los recortes. "El País Vasco ya ha dicho que quiere mantener el mismo número de registros civiles que hay ahora. Eso significa que Asturias también puede hacer lo mismo", indicó Juan José Azcano, portavoz de la Plataforma.
En Asturias hay un registro civil en cada partido judicial (18 en total), además de los que existen en los juzgados de paz (60). Todos ellos suman una plantilla de 165 personas, según los datos que manejan los sindicatos.
"Si se cierra el servicio en los juzgados de paz y se dejan sólo dos registros civiles para toda Asturias, significará que los ciudadanos se tendrán que desplazar, por ejemplo, de Luarca a Oviedo para realizar las inscripciones y trámites", explicó Azcano. "A esto hay que sumar las aproximadamente 165 personas que trabajan en esos servicios públicos y para las que no se sabe qué solución se daría", añadió.
El portavoz de la Plataforma indicó que el Consejero "todavía no nos ha dado respuesta, y lo único que nos han dicho es que se está pendiente de una nueva reunión con el Ministro", señaló.
Los sindicatos solo ven dos cambios positivos en este nuevo intento del Gobierno central de modificar los registros civiles. El primero es que seguirán dependiendo de Justicia y seguirá siendo un servicio público gratuito, igual que ahora. Es decir, "no se privatizará". Y el segundo, que en lugar de depender del juez dependerán del secretario judicial, aunque esta modificación es de orden interno.
Azcano remarcó que los sindicatos están a la espera de nuevas noticias desde Madrid o desde el Principado para decidir si retoman las movilizaciones.
