Indignación en los empresarios de turismo de Asturias por el freno al decreto del Principado para regular las autocaravanas. La mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) no entiende ni comparte la decisión del parlamento autonómico de exigir al Gobierno regional, frenando el decreto que había presentado la consejería de Industria, que la futura regulación sobre esa práctica en aumento, respete las ordenanzas municipales. La patronal turística focalizó sus críticas en el PP y Podemos, que inicialmente no plantearon reparos a dicha regulación, según aseguró ayer José Luis Álvarez Almeida, coordinador de la citada Mesa, quien amenazó con irse del Consejo de Turismo.

"No pretendemos el cierre de ninguna área municipal de autocaravanas. Al contrario, queremos que toda la red, tanto las públicas como las privadas, ofrezcan la misma seguridad, calidad y servicios, porque eso hablará bien de Asturias", afirmó Almeida, quien más adelante precisó que todas las áreas "deben tener la misma regulación; no se debe dejar al criterio de los ayuntamientos, muchos de los cuales no tienen técnicos de Turismo".

Los empresarios del sector turístico denunciaron la contradicción de los políticos que avalaron el decreto en el Consejo Asesor de Turismo y en cambio luego algunos partidos votaron una moción en la Junta General que pone freno a la regulación de las distintas modalidades de acampada, en la que el Principado ha incluido el autocaravanismo.

"Nos reunimos con todos los partidos y sólo Ciudadanos mostró su rechazo", precisó Almeida, quien cargó en particular contra el PP y Podemos. "Los partidos tienen toda la legitimidad para tomar sus decisiones pero nos hubiera gustado que nos dijeran la verdad. El PP y Podemos nos manifestaron una posición en los despachos y luego votaron en contra", reprochó el representante de los empresarios turísticos, un sector del que, recalcó, viven 43.000 familias en Asturias. También mostró su extrañeza de que algunos alcaldes, como el de Navia, Ignacio García Palacios, se quejen del decreto cuando los tres representantes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) presentes en el Consejo de Turismo plantearon reparo alguno cuando se discutió el controvertido borrador. Almeida amenazó con abandonar ese foro "si no recibimos explicaciones".

El presidente de la asociación asturiana de campings, Ramón Álvarez Valle, aseguró que tras esta postura exigente de una regulación común "no hay ningún interés económico" mientras que Ana Soberón, presidenta de la Asociación Regional de Casas Rurales de Asturias (ARCA) vino a decir que el problema estriba en que algunos ayuntamientos están dando "un servicio gratuito que no deberían dar", en referencia al enganche que ofrece en las áreas públicas para los vertidos de aguas grises y negras y a la red de agua potable. "¿Por qué a unos se les cobra al alcantarillado y a otros no?", preguntó Soberón.