13 de abril de 2017
13.04.2017

Denuncian la "macroencuesta" del acoso escolar por vulnerar la ley

El sindicato ANPE cree que la consulta masiva a menores incumple la protección de datos El Principado sigue adelante con el estudio

12.04.2017 | 23:48

La Agencia Española de Protección de Datos deberá evaluar si incumple la ley la "macroencuesta" que la consejería de Educación y la Universidad Internacional de La Rioja impulsan para conocer la incidencia del acoso escolar en Asturias. Así lo afirmó ayer el comité ejecutivo del sindicato educativo independiente ANPE, que ha decidido denunciar ante este organismo una consulta, dirigida a 45.000 menores asturianos, que recaba "datos que podrian ser perseguibles penalmente" sin garantías del anonimato para el encuestado.

El sindicato advirtió ayer que el acceso a la encuesta CiberAstur, disponible en la web de la consejería de Educación para que los menores respondan a las preguntas, quedó suspendida. Un portavoz de la consejería de Educación desvinculó este hecho de la denuncia formulada por ANPE y afirmó que se trata de un paso ya previsto "dado que la encuesta comienza oficialmente el próximo lunes 17" y debían borrarse todas las consultas que previamente y antes del plazo se hubiesen realizado.

Pero ANPE no confía en esta fórmula para conocer la incidencia de situaciones de acoso o violencia que puedan sufrir los escolares asturianos. El sindicato denuncia además la forma de proceder de la Consejería, "que pone en marcha la medida y acto seguido se hace a un lado, pues atribuye la responsabilidad a los directores de los centros educativos, que, entre otras cosas, son los encargados de solicitar el consentimiento a las familias; y al profesorado, que es el encargado de aplicar la encuesta en el aula".

Los encuestados son menores de edad, de entre 12 y 17 años, recalca ANPE, que afirma que en el transcurso de la consulta se obtienen datos identificativos del alumno y sobre su teléfono móvil.

"Se inquiere al menor, que está identificado, información sobre su comportamiento en asuntos que, incluso, podrían ser perseguibles penalmente", señaló ayer el presidente del sindicato en Asturias, Gumersindo Rodríguez. La Agencia de Protección de Datos evaluará si la consulta incumple los preceptos legales.

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