09 de junio de 2017
09.06.2017
La "operación Hulla" | Las claves del caso

El Constitucional anula la amnistía fiscal que permitió a Villa y Postigo legalizar su fortuna

El tribunal, en una sentencia que no afectará a las regularizaciones ya resueltas, entiende que el Estado "abdica" de sus obligaciones y "legitima" el fraude | PSOE y Podemos piden la dimisión de Montoro y el Gobierno "acata y cumple" | El constitucionalista Villaverde ve un fallo "tajante" con "aviso" al Ejecutivo

09.06.2017 | 01:32

El Tribunal Constitucional desmontó ayer la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del PP en 2012, anulándola y declarándola inconstitucional sin afectar a las regularizaciones tributarias admitidas a su amparo y que sean firmes. Se cuentan entre ellas las que permitieron aflorar a ojos del fisco las fortunas ocultas del exlíder del SOMA José Ángel Fernández Villa, del expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y de la hija de éste, en total algo más de 1,8 millones de euros cuyo origen investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

La resolución no es retroactiva y no alterará la legalización a la vista de Hacienda de todos los procesos de regularización contra los que no quepa recurso, pero sí cuestiona con dureza la licitud del mecanismo que a ellos y a otros muchos -unas 30.000 personas- les permitió regular su situación con la Agencia Tributaria mediante el simple abono del diez por ciento de lo aflorado sin recargos ni sanciones penales o administrativas. Los contribuyentes que se acogían a ella quedaban exonerados del delito fiscal, pero no de posteriores investigaciones por el posible origen fraudulento de su fortuna ni del riesgo de ser procesados por blanqueo de capitales, entre otras figuras penales.

La amnistía encalló ayer en una sentencia del Constitucional que admite por unanimidad el recurso presentado por el Grupo Socialista en el Congreso. Acogiéndose en parte a sus argumentos, desarma la disposición por la forma, allí donde entiende que no cabe el uso del decreto-ley para regular materias que afecten "de forma relevante o sustancial" a deberes constitucionales como el de "contribuir al sostenimiento de los gastos públicos", pero también se emplea a fondo en el desguace de la sustancia argumentativa empleada por el Gobierno a favor de la aministía.

Las ventajas tributarias para incumplidores que consagra la medida "se aprovechan" del fraude fiscal en lugar de "servir a la lucha" contra él, reza la sentencia, y suponen "la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Añade que la amnistía "viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica" y lamenta que a éstos se les coloque "en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir". "Es difícil encontrar", dice otro pasaje, "un argumento jurídico con anclaje constitucional que permita justificar el reconocimiento de beneficios fiscales a los defraudadores".

Tras el duro ataque del tribunal, PSOE y Unidos Podemos se aprestaron ayer a pedir la dimisión "inmediata" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien también se exigen explicaciones desde Ciudadanos y el cese desde el colectivo de técnicos de Hacienda Gestha. Mientras, el Gobierno "acata y cumple", se limitó a decir ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La sentencia es "tajante y dura", interpreta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde, que destaca asimismo la unanimidad del fallo. Aclara que a la luz de la resolución la amnistía es nula por una cuestión formal, porque no cabe acudir a "una forma jurídica extraordinaria como el decreto-ley para afectar de manera tan profunda el régimen impositivo" y que no supone que toda amnistía sea nula ni tampoco lo contrario, que pueda llegar a ser admisible si se regula por ley. Sí incluye en su fundamentación, y en sus argumentos de fondo en contra de la medida, una suerte de "aviso a navegantes", opina Villaverde. Y aunque el efecto práctico vaya a ser mínimo, porque la mayor parte de los casos ya deberían haber adquirido firmeza -el plazo para regular acabó en 2012-, el fallo es unánime, incluida la facción conservadora, y contiene un significativo "aviso al Gobierno".

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